Sánchez sobre el Caso Pimp: “Le dieron 500 millones, con un contrato inconstitucional”

El legislador peronista recordó por qué denunció a PIMP y su relación con la gestión de Ayala. “Lo llamativo era la forma en que se dio la contratación de una empresa que no tenía camiones compactadores, no tenía empleados y ni tenía el alta de empleador en Afip”, señaló.

Según Sánchez, la empresa ni siquiera pagaba impuestos y “le dieron un contrato muy importante, de uno de los principales servicios públicos”. La firma obtuvo dos contratos: uno por 250 millones de pesos, para la recolección tradicional. Y otra de unos 265 millones por la recolección de residuos no tradicionales, lo que era el 0 800 Aída Responde.

“Realizamos la denuncia diciendo que la concesión de los servicios públicos deben ser avalados por el Concejo y con una mayoría de dos tercios. Aída Ayala hizo el llamado a licitación mediante una resolución” y sin participación del cuerpo de ediles.

“Además se habla que había mucha presión para que nadie se presente en dicha licitación. Tanto la Constitución como la Carta Orgánica dicen que debe participar el Concejo”, subrayó.

Sánchez recordó que este contrato fue en 2015 y muy cerca de final de la gestión de Aída. “El Concejo no le iba a renovar por ocho años con la posibilidad de extender por cuatro años más”, aseguró.

EL ROL DE LA JUSTICIA

“La justicia federal fue más allá de nuestra denuncia. PIMP está dentro de un cúmulo de empresas que giraban en torno a Aida Ayala”, aseguró.

Mencionó que “Recifis fue la primera empresa, allí se incorpora el doctor Alejandro Fischer. Él hasta llegó a ser yerno de Aída, pero aunque terminó la relación sentimental, no los negocios con su suegra. Prueba de ello es que el domicilio de PIMP es un inmueble o de propiedad o alquilado por él”, aseguró.

Sánchez fue consultado sobre por qué la justicia provincial cajoneó la causa cuando él denunció las maniobras. “Uno no tiene otra que pensar en motivaciones políticas. La presentación la hicimos en el año 2015, previo al inicio de la campaña electoral, la fiscal habrá tenido mucha presión”, consideró.

“Habrá sido más fácil archivarla que investigar. Respetamos mucho a la doctora Griffit Barreto, pero en esta causa se ha equivocado bastante. Quisimos presentarnos como querellantes y nos dijeron que no. La informalidad del contrato, no había manera de no verlo. Era inconstitucional y violaba la carta orgánica. Por ello el abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público estaban muy claros”, concluyó.