Agresiones a Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena: el comunicado del Consejo Profesional de la Abogacía

El Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia emitió un comunicado institucional en el que recordó que "la ética es la base del ejercicio profesional y el pilar que sostiene la dignidad de la abogacía”, un principio que -según señalaron- constituye además una garantía esencial del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.

En el documento, la entidad subrayó que el respeto y la libertad en el ejercicio profesional solo son válidos cuando la tarea se desarrolla “con lealtad, decencia y plena sujeción al Derecho”. En ese sentido, remarcaron que la misión central de la abogacía es “combatir la arbitrariedad, erradicar la violencia y asegurar el derecho de defensa de todas las personas”, advirtiendo que la profesión no puede desviarse hacia conductas que vulneren el orden jurídico que están llamados a proteger.

El pronunciamiento también respondió de manera directa a críticas recientes hacia procesos judiciales y actuaciones vinculadas a conflictos laborales. Desde el Consejo rechazaron “las descalificaciones que, bajo críticas a la legislación laboral o a los procesos judiciales que la aplican, buscan desprestigiar el trabajo de abogados y abogadas”, al tiempo que resaltaron el rol social de quienes intervienen en defensa de derechos vulnerados o en riesgo.

Además, destacaron que “la tutela de los derechos laborales -o la sospecha fundada de su vulneración- es lo que da sentido a nuestra intervención”, ubicando a la profesión en una posición activa frente a posibles injusticias en el ámbito del trabajo.

En esa línea, el Consejo expresó su respaldo a los profesionales que representan a trabajadores considerados sujetos de protección preferente por el Derecho. “Respaldamos categóricamente a quienes, con responsabilidad y compromiso social, representan a trabajadores”, afirmaron, enfatizando que defenderlos es una forma de honrar la esencia de la profesión: “Servir a la Justicia y a la igualdad ante la ley”.

Finalmente, el organismo concluyó que “la dignidad de la abogacía es inseparable de la vigencia de todos los derechos fundamentales”, reafirmando así su compromiso con la integridad profesional y la función social del Derecho.