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“El primero de septiembre del año pasado, en horas de la noche, Antonio Ramírez fue abordado por una pareja, el señor Cabral y la señora Fernández, quienes lo increparon y le exigieron su moto. Se la entregó, y aun así fue fusilado por Fernández”, relató Maldonado. La pareja huyó utilizando la moto de la víctima y la que habían llevado consigo.
El hecho generó una fuerte reacción social. “La sociedad en su conjunto demandó al Estado acciones concretas, a lo que respondió el gobernador dándonos instrucciones para que la Subsecretaría de Derechos Humanos lleve adelante la representación como querellante”, explicó el funcionario. La representación técnica estuvo a cargo de la doctora Adriana Acevedo y el doctor Germán Dellamea, trabajando conjuntamente con la fiscalía y la querella particular de la familia.
El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, procedimiento en el que las partes acuerdan las pruebas y los hechos para acelerar la resolución. “En el juicio abreviado hay una condición elemental: el reconocimiento del hecho. La jueza preguntó a los reos si reconocían su participación, y respondieron afirmativamente”, detalló Maldonado.
La audiencia finalizó con la participación de la traductora de la lengua Qom, ya que los acusados pertenecen a esta comunidad. La sentencia modificó la carátula original de homicidio a homicidio en ocasión de robo: Cabral recibió 25 años de prisión, mientras que Fernández fue condenada a 15 años en prisión domiciliaria debido a que tiene un menor a su cargo.
“Estamos cumpliendo con un mandato que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde las víctimas tienen derecho a la protección del Estado, que en este caso se materializó a través de la querella llevada por la Subsecretaría de Derechos Humanos”, concluyó Maldonado.
Mirá la entrevista completa.
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