Nueva pausa para declarar la Emergencia Energética en Chaco: se tratará el lunes

En el marco de una maratónica sesión que inició a las 08ºº de la mañana de este miércoles, la Cámara de Diputados no avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley que declara la Emergencia Energética e Hídrica en todo el territorio provincial, enviado por el Ejecutivo. Tras semanas de infructuoso debate, el oficialismo busca llegar a un consenso que le asegure los 22 votos que exige la normativa. ¿La disyuntiva? La propuesta legislativa aprueba una toma de crédito de USD150 millones para la ejecución de obras que tiendan a atenuar el impacto del verano chaqueño en el sistema energético.

En ese marco, los bloques legislativos acordaron posponer su tratamiento mediante un cuarto intermedio hasta el día lunes 30, a efectos de alcanzar los consensos necesarios para su aprobación. Lo cierto es que en el debate se evidenció el acompañamiento por parte de diputados de la oposición a la propuesta siempre que se realicen algunas "correcciones". De esta manera, la próxima semana podría darse la aprobación de una medida que, a prima facie, busca reducir el impacto que tendrá en el Chaco el crudo desfinanciamiento de Nación en materia energética.

También se aprobaron otras iniciativas
En primer lugar, se aprobó la Ley que establece la regulación normativa de las Escuelas Públicas de Gestión Social. La norma contiene los principios y objetivos de las EPGS,  en todos los niveles y modalidades, así como también las obligaciones de las mismas, las pautas para su creación y posterior habilitación, el funcionamiento del Consejo Directivo y la incorporación de docentes.

Además, los diputados prorrogaron por el término de dos años, lo previsto en el artículo 1° de la ley 2024-K (antes ley 7030) -Emergencia Habitacional-, con el objeto de facilitar la regularización de los inmuebles urbanos ocupados por asentamientos espontáneos pertenecientes al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, así como aquellos considerados de interés público y los sujetos a expropiación según la legislación provincial, pendientes de ejecución por falta de financiación.