ATE denuncia graves irregularidades y abuso de poder del Intendente de Corzuela y pide intervención del ejecutivo y el judicial
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ATE denuncia graves irregularidades y abuso de poder del Intendente de Corzuela y pide intervención del ejecutivo y el judicial

El Consejo Directivo Provincial de ATE Chaco advierte que la situación de violencia laboral por razones de género, irregularidades, autoritarismo y abuso de poder en el Municipio de Corzuela por parte del intendente Rafael Carrara. Se trata de cinco trabajadoras de planta que todavía no cobraron su sueldo de agosto, siendo que el resto de las y los trabajadores municipales percibieron su salario en tiempo y forma.


Libertad Digital

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28/08/2020
 /  libertaddigital.com
 -  Política  /  Redacción: Claudia Torres

De esta manera el Consejo Directivo Provincial de ATE Chaco advierte que se superó cualquier límite institucional al que debiera ajustarse todo accionar de un funcionario público en estricto respeto de las normas democráticas. Por ello y tomando en cuenta que la gravedad las acciones constituyen también un ataque al sistema democrático, solicita la urgente intervención de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Se trata de cinco trabajadoras de planta que todavía no cobraron su sueldo de agosto, siendo que el resto de las y los trabajadores municipales percibieron su salario en tiempo y forma. Es tal la impunidad con la que se maneja el intendente Carrara que, además de violentarlas de todas las formas posibles al punto tal de quebrarlas emocional y psicológicamente, les niega el acceso al sueldo, que es un derecho adquirido indiscutible de las y los trabajadores.

Según manifestaron los funcionarios municipales el motivo de la retención salarial es que el intendente no aprobó el certificado médico de licencia por razones de salud mental que presentaron las trabajadoras y por lo tanto no permitió esa licencia. Un accionar completamente arbitrario y autoritario que demuestra el despotismo del intendente en claro desconocimiento de los derechos laborales vigentes.

El certificado presentado está avalado y firmado no sólo por una psicóloga matriculada local sino también por el informe psicológico que realizó la Secretaría de Derechos y Humanos y Géneros de la Provincia donde las trabajadoras denunciaron formalmente al intendente por persecución política e ideológica y violencia psicológica, laboral y patrimonial por razones de género. Carrara debería saber que el derecho básico de todo trabajador a una licencia por razones de salud, establecido por normas y leyes provinciales, nacionales e internacionales, por obvias razones, no está supeditado a la voluntad de un intendente o funcionario público. No necesita su aprobación.

Ratificamos la importancia de la intervención del Ejecutivo provincial, como garante de los derechos laborales, y de los derechos humanos de todas las personas que habitan en el territorio provincial, interviniendo en las relaciones de poder, a través de las cuales una persona, extralimitándose en sus atribuciones, ejerce violencia hacia otras personas.

En ese sentido, nos preocupa ver que el secretario de Municipios Rodrigo Ocampo, estando al tanto de toda la situación, se haya paseado por el pueblo junto al intendente, en lo que se puede interpretar como una muestra de apoyo político y percibir como una provocación a las trabajadoras que esperaban que cumpla su compromiso de intervención para el cese de la violencia y restitución de sus derechos violados sistemáticamente.

Por ello ratificamos también que la violencia hacia las trabajadoras, ejercida por Carrara, se sostiene en la complicidad de un grupo de apoyo del intendente para concretar la persecución laboral, psicológica e ideológica que derivó en un enorme daño emocional y psicológico de las trabajadoras. Pero también se sostiene en la falta de intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que deberían garantizar mínimamente el cumplimiento el cumplimiento de los derechos y las garantías.

Violencia laboral de género

Las trabajadoras municipales de Corzuela nucleadas en ATE y representadas por la delegada Gisela Lorena Íbalo, vienen sufriendo hostigamiento, persecución política e ideológica y violencia laboral, psicológica, emocional, y patrimonial por razones de género, desde fines del año pasado luego de que el intendente Carrara resultara electo en las elecciones Municipales en las que las trabajadoras apoyaron públicamente a otro candidato.

A partir de allí, les negó el ingreso al edificio municipal donde cumplían funciones, y las trasladó a los lugares más inhóspitos a cumplir horas, sin ninguna otra función, más que padecer la falta de condiciones dignas que la ley establece que se deben garantizar a todo trabajador y trabajadora. Han tenido que cumplir horas en un galpón con desechos y basura, donde una de ellas fue picada por un alacrán; en el cementerio donde las quiere volver a afectar, que está ubicado en una zona muy insegura, alejada del centro de la ciudad, para lo cual dependen de un vehículo municipal para ir y volver, que ya las ha dejado abandonas y han padecido hechos de inseguridad y violencia, sumamente traumáticos.

Al inicio de la emergencia sanitaria cumplían horas en el patio del Municipio, a la intemperie con bajas temperaturas y ante una pandemia por coronavirus. Al principio tenían un banquito para sentarse pero ante la queja de las trabajadoras, de castigo, les sacó el banquito, y mandaba a mojar el piso para que ni siquiera se puedan sentar un ratito en el suelo en una clara actitud paternalista y patriarcal que castiga a la mujer que cumple sus mandatos.

Las trabajadoras permanecían paradas toda la jornada esperando que el tiempo pase para volver a su casa, para conservar el empleo del que ya fueron amenazadas que serán despedidas, sin justa causa, luego de la pandemia. Además, a dos de ellas les quitó la recategorización ejerciendo también un daño económico, de manera totalmente arbitraria e ilegítima.

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