El Gobierno provincial brindará asesoramiento jurídico gratuito en Tres Isletas

El Ministerio de Seguridad y Justicia realizará, este sábado 24 de julio, nuevos operativos del programa Justicia Ciudadana en Tres Isletas. Se trata de una acción conjunta con el Ministerio de Justicia de la Nación y los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) donde un equipo de profesionales brindan a las y los vecinos asesoramiento jurídico gratuito en derecho al consumidor, violencia por razones de género, conflictos vecinales y derechos colectivos.

El operativo comenzará a las 15 en la plaza Independencia y estará coordinada por los equipos interdisciplinarios de la Subsecretaría de Justicia de la provincia, a cargo de Lourdes Polo Budzovsky y el CAJ.

El programa Justicia Ciudadana consiste en la definición de un espacio público estratégico al que asisten jóvenes profesionales y ofrecen asesoramiento jurídico e interdisciplinario para los miembros de la comunidad. Desde febrero hasta la fecha se vienen realizando una serie operativos junto al equipo del CAJ a cargo de Gustavo Yacuzzi, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El proceso de asesoramiento iniciará con la recepción del caso por un equipo que lo analizará y presentará al vecino o vecina las opciones disponibles para resolverlo mediante distintas opciones de respuesta a sus consultas. De esta manera, el programa garantiza el acceso a derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y busca promover herramientas que propicien una sociedad más pacífica e inclusiva.

El programa de Justicia Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia promueve el involucramiento de todos los actores de la sociedad como ser instituciones intermedias como universidades, colegios de profesionales y asociaciones civiles. De esta manera, se construye sobre el interés y empoderamiento del vecino o vecina frente a la vulnerabilidad que lo atraviesa.

Garantizar derechos
Justicia Ciudadana garantiza el derecho de acceso a la justicia y a las posibilidades de las personas, sin distinción de género, edad, identidad sexual, ideología política o creencias religiosas, posición económica o cualquier otra condición social de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas o administrativas, estableciéndose como una garantía de la igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, a los órganos o a los poderes del Estado.

En este sentido, es un derecho para todos y todas y un deber del Estado que comprende los derechos a la información, entendido como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, así como a la defensa de ellos y a la participación ciudadana, en el sentido de su intervención en las acciones que impacten sobre el desarrollo de su comunidad.

Atento a las deficiencias en el acceso real y efectivo a herramientas institucionales que garanticen derechos, evidenciamos cómo se frustra el ejercicio real de la ciudadanía, creando desconfianza hacia las instituciones y debilitando el Estado democrático de derecho. A ello se suma que vivimos en una provincia con zonas de múltiples vulnerabilidades, donde es necesario realizar una intervención inmediata y duradera.