Libertad Digital
Este martes 15 de noviembre, las y los trabajadores del Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanas y o Degradantes, afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco), mantuvieron una nueva audiencia con legisladoras y legisladores chaqueños. El encuentro en la Cámara de Diputados se suscitó debido al informe presentado por el sindicato respecto a las situaciones de violencia y de violación de los Derechos Laborales acaecidos en el organismo desde la asunción de la reciente gestión.
En julio, las y los responsables del Comité de Prevención de la Tortura, Ariela Álvarez, Darío Gómez, Kevin Nielsen, Silvina Canteros y Bashe Charole, efectuaron despidos en la institución. Asimismo, convocaron a trabajadores y trabajadoras para notificar de manera verbal la decisión de efectuar alteraciones en los puestos de trabajo y en la tipología de contratación, aplicar reducciones salariales y restringir bonificaciones por título y antigüedad.
Además, cabe destacar que las y los trabajadores del Comité están precarizados, mediante contrato de servicios cuya renovación se produce cada tres meses, y que en estas instancias dicho período se redujo a un mes, con la aparejada incertidumbre e inestabilidad. Las y los trabajadores en su mayoría cuentan con una antigüedad de hasta 8 años en la institución, siendo designados para ocupar los puestos de trabajo mediante disposiciones y resoluciones.
“Se solicitó una intervención por parte de la Cámara de Diputados, con el fin de abrir una audiencia de mediación o conciliación. Apuntamos a que el Estado intervenga y se involucre para que se terminen las situaciones de violencia y los despidos. Entendemos que las autoridades del Comité elaboraron un informe en respuesta al presentado por el gremio, que por lo que pudimos ver contiene falacias, así que solicitamos también que se nos envíe una copia para poder responder al mismo”, describió Zamudio.
“Queremos que se garantice la participación en la elaboración de la estructura orgánica del Comité, el pase a planta de las trabajadoras y trabajadores que se encuentran desempeñando funciones de manera precarizada desde la creación del organismo, y el reconocimiento de los derechos adquiridos por ellas y ellos”, agregó.
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