Los Municipios pueden labrar actas y definir clausuras ante maniobras con precios

La subsecretaria de Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj, brindó precisiones sobre los operativos que se realizan en la provincia, que se enmarcan en la batería de medidas tendientes a evitar abusos y prácticas desleales con los precios. "Es importante destacar que ahora las comunas pueden labrar actas y el concretar juzgamientos, facultades que estaban reservadas a la administración provincial y a la Nación", indicó en declaraciones a Radio Provincia.

Se sabe que la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 fue determinante en la construcción de un complejo contexto económico que han aprovechado los inescrupulosos de siempre para hacer negocios espurios a costa de lo vapuleados bolsillos de los consumidores. Los trabajos comenzaron desde el primer momento en que la provincia entró en emergencia, e incluso se han incorporado los municipios a efectuar los relevamientos y fiscalizaciones instancias de las disposiciones de la Nación.

De hecho, días antes del desembarco del coronavirus en el Chaco, precisamente durante los últimos días de febrero ya se había avanzado para articular este trabajo conjunto en las 10 regiones de la provincia.

Cómo reclamar
Las vías de comunicación para denunciar abusos con los precios o faltantes de productos son: el número de wahtsapp 3624-747346, pero además esta semana se ha habilitado, para el resto de los reclamos, un nuevo canal a través de Tu Gobierno Digital. Los instructivos se encuentran en la página del Ministerio de Producción, Industria y Empleo. En el interior, los Municipios están facilitando los números para canalizar consultas o concretar denuncias.

Nueva fase
Por estas horas, el proceso de fiscalización y control a ingresado en una nueva fase, básicamente por las recientes resoluciones dictadas por la Secretaría de Comercio Exterior, en la que los municipios están realizando infracciones y clausuras preventivas de comercio, ya sean mayoristas o de proximidad. "El objetivo siempre es lograr que los precios correspondan a lo establecido en las disposiciones de la secretaría nacional", resaltó Voloj.

La subsecretaría de Defensa de la Competencia también trabaja en conjunto con la Municipalidad de Resistencia, fundamentalmente para la intervención en los barrios. En el interior, se trabaja con mayorista y comercios de proximidad. "Es un trabajo que no cesa, no solamente porque se programan intervenciones de oficio, sino también porque se va trabajando con las denuncias que los consumidores y las consumidoras van acercando y facilitando a los canales habilitados por la dependencia provincial pero también por las Comunas", precisó la funcionaria

El hecho de que las Comunas se hayan sumado a los operativos, trajo alivio a la subsecretaría que conduce Voloj. "El Decreto presidencial ha sido de gran utilidad en este sentido, porque funciona como un complemento que se suma, pero la verdad es que veníamos con teniendo una fluida relación con el interior y el Municipio de Resistencia", analizó.

No obstante, valoró que, a partir del instrumento legal rubricado por la Nación, "la Comunas pueden labrar actas y el juzgamiento está reservado a la administración provincial y a la Nación".

Precios problemáticos
Los operativos se realizan en grandes cadenas, supermercados medianos pero también en comercios de aproximación ubicados en los barrios. Naturalmente, el seguimiento en más complicado conforme se achica la escala del comercio en cuestión, de hecho, hay un amplísimo universo de éstos que no emiten facturas ni documentación que permita constatar eventuales variaciones en los precios.

En los últimos tiempos, se hicieron comunes, además, las denuncias que dan cuenta de manipulación en los precios de los productos frescos, en particular frutas y hortalizas, que tienen determinado precio al momento de los controles, pero otro muy distintos cuando los verduleros intentan abastecerse.

Respecto de esto, Voloj planteó que "la Secretaría de Comercio, entre sus resoluciones establece los precios máximos, que alcanzan a 1447 productos que integran la canasta básica". "Las frutas y verduras, no estaban incluidas en esta resolución, al igual que la carne y por eso, la fiscalización que se hace en el marco de ese programa no va dirigido a esos productos", explicó.

No obstante, los controles existen más allá de que los consumidores no encuentren los precios máximos de las frutas y las verduras cuando busca información. Esto se fundamenta en que las fluctuaciones de precios son muy disímiles entre las regiones del país. Además, hay que recordar que son producto de distinta estacionalidad y se producen en lugares muy distintos.

Lo que están haciendo las provincias es intervenir el lugar de donde la mayoría de la venta minorista se abastece: en el caso de Resistencia es el piso frutihortícola. "El Ministerio, conforme el Decreto 433/20, fue trabajar en este lugar desde el primer momento para que los consumidores o consumidoras sepan cuánto paga su comercio de proximidad estos productos en el mayorista", explicó Voloj.

De esta manera, al tener la información unificada del precio mayorista, el consumidor tiene una idea general de cuánto debería estar pagando. "Si un kilo de papas está 30 pesos, no deberías pagarlos más de 60 pesos en la verdulería", consideró.

En el caso de los comercios que emiten facturas, la Subsecretaría da intervención a la AFIP, no sólo por incrementos de precios o por falta de publicidad de los listados de los productos sino también la falta de entrega de tickets.

"Las resoluciones que emitió la Nación incluye a los kiscos pequeños teniendo en cuenta el contexto que estamos transitando" advirtió y recordó que la autoridad de aplicación provincial, la Secretaría de Comercio de Nación y los Municipios deben controlar toda la cadena, desde la formación de precios, los distribuidores, los mayoristas, las grandes cadenas, las locales, los autoservicios y los comercios de aproximación.

Fuente: FOCO