Acceso a la información pública: convocan a una charla abierta en Resistencia para conocer las herramientas legales vigentes

La transparencia estatal y el derecho ciudadano a conocer cómo se administran los recursos públicos estarán en el centro del debate este viernes 22 de agosto, a las 17, en el Sindicato de Prensa del Chaco (López y Planes 856, Resistencia). La actividad, organizada por Justicia Legítima Nordeste, contará con la participación del abogado Pablo Fernández Barrios, especialista en derecho administrativo y causas ambientales, y está abierta a toda la comunidad.

En diálogo con Radio Libertad, Valeria Romero, referente de Justicia Legítima, explicó que la charla busca ser práctica y accesible, destinada tanto a periodistas, investigadores y estudiantes, como a cualquier ciudadano interesado en conocer cómo pedir información pública en la provincia. “Queremos mostrar cuáles son las herramientas disponibles y cómo utilizarlas correctamente. Hoy, mucha gente desconoce que puede acceder a datos respaldados con documentación oficial, sin necesidad de contar con un abogado ni manejar un lenguaje técnico”, señaló Romero.

En ese marco, el taller apunta a diferenciar entre la información que debería estar disponible de manera automática —como las ordenanzas municipales, presupuestos y estadísticas— y aquella que puede solicitarse mediante un pedido formal con plazos establecidos por ley.

Retrasos y obstáculos en la práctica

La integrante de Justicia Legítima Nordeste advirtió que en los últimos años se ha vuelto más difícil acceder a información clave, sobre todo en lo referente a rendición de cuentas y partidas presupuestarias. “Desde diciembre de 2023, se observa que muchos datos estadísticos y financieros dejaron de actualizarse. Antes podías seguir casi día a día la ejecución presupuestaria nacional; hoy esa posibilidad desapareció. Y cuando alguien presenta un pedido, se le pregunta ‘para qué’ quiere la información, algo que no corresponde”, cuestionó.

Un derecho constitucional

Romero recordó que el acceso a la información pública es un derecho constitucional, directamente vinculado al control ciudadano de los actos de gobierno. “Los funcionarios administran recursos que son de la gente. Por eso sus actos deben ser públicos y accesibles. La información no puede ser un privilegio, es un derecho de todos”, subrayó.

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