Causa PIMP: la sentencia se conocerá este viernes

"Estoy tranquilo porque hicimos un trabajo de valoración probatoria y en función a la prueba que existe en el expediente hemos fundado la calificación legal y la pena que se solicitó es proporcional a los hechos que fueron juzgados", comentó.

La ex intendenta Aída Ayala y el ex secretario general el Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, son juzgados por lavado de dinero. También hubo requerimiento de prisión contra otros 14 acusados.

"Hicimos una acusación por distintos delitos. Por un lado, analizamos los casos de corrupción que son defraudación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y por otra parte el lavado de activos. Cada delito es independiente y cuando hicimos el análisis final pedimos 10 años de prisión como pena", explicó.

"El tribunal tiene la libertad de analizar los hechos desde el punto de vista que consideren, pueden condenar por corrupción y absolver por lavado o condenar por lavado y absolver por corrupción. Nosotros creemos que deben ser condenados por los dos delitos", afirmó.

"Como teoría del caso analizamos la conducta de la ex intendenta y creemos que está probada la relación que tenía con algunos de los imputados y que a raíz de la misma este grupo de empresarios y de personas conexas con ellos, se vieron beneficiados por distintas licitaciones, no solo con el alquiler de camiones para la recolección de residuos que era lo que se conocía a través de la empresa PIMP, sino que desde el 2010 hasta el 2015 fueron permanentemente favorecidos con contratos que tenían que ver con servicios para la ciudad", detalló.

"Probamos que estas personas armaban empresas que tenían sello de goma y que luego tercerizaban con monotributistas o con jornaleros y recibían grandes sumas de dinero. Hicimos el cálculo y entre el alquiler de camiones y los contratos de limpieza, desmalezado y demás actividades relacionadas, recibieron casi 500 millones de pesos entre 2010 y 2015", precisó.

"Además, siempre eran las mismas empresas las que se presentaban a licitación y, según nuestra posición, las cooperativas no podían realizar sus actividades. Ahí es donde vemos el vínculo entre la ex intendenta y los empresarios: se entregaban estos contratos y se pagaba a empresas que no tenían respaldo", remarcó.

En el caso de Jacinto Sampayo dijo: "Creemos que está perfectamente señalado porque él, a través de su posición, formó parte del entramado de las negociaciones de PIMP porque el terreno que se ofreció para que los camiones sean reparados y lavados era de él. Sampayo garantizaba que la empresa pudiera cumplir su cometido sin ningún tipo de interferencia".

"Debemos tener la capacidad de analizar casos de corrupción y que no sea tan traumática la llegada a una sentencia definitiva. Creo que la corrupción, el lavado de dinero son delitos que tienen que estar primeros en las prioridades porque son los que más se pueden prevenir", aseveró.

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