El empresario Obregón define su estrategia legal y ya designó a un reconocido abogado

En el marco de la investigación federal conocida como “Caso Cebra”, que tiene como principal imputado al empresario Braian Obregón, en las últimas horas se confirmó un movimiento clave en su defensa: la designación del abogado Pablo Vianello como representante legal.

Según pudo saber Libertad, el letrado ya mantuvo reuniones con la familia del empresario y trabaja en la definición de la estrategia jurídica que buscará enfrentar las imputaciones. Si bien se especulaba con que Obregón sería indagado este lunes, fuentes judiciales confirmaron que la citación no se concretará en la jornada de hoy.

La causa, instruida por el fiscal federal Patricio Sabadini, investiga presuntas maniobras de lavado de activos agravado por habitualidad, además de infracciones a la Ley 22.415 (Código Aduanero) y a la Ley 22.362 (Marcas y Designaciones).

El viernes pasado, la Dirección General de Aduanas realizó un procedimiento en el depósito de Cebra Phone, propiedad de Obregón, que derivó en el secuestro de más de 200 iPhone nuevos, junto con cientos de dispositivos de distintas marcas, indumentaria deportiva de lujo, paletas y accesorios de pádel, y hasta productos eróticos, todos sin aval aduanero. Solo en productos Apple, la valuación preliminar supera los 200 mil dólares.

LA CAUSA

La investigación se originó meses atrás tras la detección en redes sociales de publicaciones que mostraban bienes de alto valor, entre ellos un BMW color violeta y frecuentes viajes al exterior, que no se corresponderían con la situación fiscal declarada por el empresario.

Con esos indicios, se ordenaron múltiples allanamientos en Resistencia y Paso de la Patria, donde además se secuestraron vehículos de alta gama y otros bienes. En los comercios de Obregón también se constató el uso de criptomonedas como medio de pago, lo que amplió el análisis hacia eventuales operaciones sospechosas reportadas a la UIF.

Con la llegada de Vianello a la defensa, la estrategia de Obregón busca reordenarse frente a un proceso que combina delitos aduaneros, financieros y patrimoniales, y que podría derivar en un juicio por lavado de activos.

Por ahora, la indagatoria se pospone, pero el avance de los peritajes sobre la mercadería secuestrada y las valuaciones oficiales serán determinantes en la definición de las próximas medidas.