El Gobierno presentará proyectos para modificar las leyes de seguridad interior, legítima defensa y endurecer las penas para organizadores de piquetes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, brindaron una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde anticiparon el envío de proyectos al Congreso con vistas a profundizar el accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en Rosario, modificar la ley de legítima defensa y endurecer las penas para los organizadores de piquetes.

En total se trata de cuatro iniciativas, las cuales harán llegar al Poder Legislativo la semana que viene. Asimismo, confirmaron que serán "independientes" y "autónomas" con respecto a la nueva versión de la Ley Ómnibus, aunque una de ellas tratará tres aspectos de la versión original, que fue desechada en el tratamiento en particular en Diputados. 

En primer término, Petri ratificó que convocaron "a las Fuerzas Armadas para dar apoyo" ante la escalada de violencia en la ciudad santafesina, al mismo tiempo que el presidente Javier Milei "dio instrucciones para modificar la Ley de Seguridad interior" con el objetivo de que extender los criterios por los cuales pueden interceder.

En ese sentido, detalló que "van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos". 

En otro tramo de su discurso, el titular de Defensa arremetió contra la gestión de Alberto Fernández porque "declaraba el triunfo del narcotráfico, decía que la batalla estaba perdida y abandonaba Rosario". "Nosotros estamos convencidos de que se puede ganar utilizando todo el poder del Estado", añadió.

Por su parte, Bullrich se refirió a la "reforma del artículo 194 del código penal", que tendrá la intención de aumentar "las penas para aquellos que organicen manifestaciones y obliguen a la gente a que participen de ellas bajo promesas de remuneraciones, favores sexuales u otorgación de planes". "Las condenas irán de cuatro a seis años de prisión", remarcó. 

A su vez, desarrolló el concepto de la "Ley Antimafia", que apuntará a "trabajar en la construcción de un nuevo modelo superador en los casos en los que las organizaciones criminales utilicen métodos de extorsión, muerte y reemplazo de la ley y de la Constitución Nacional". 

Además, anticipó que la pena más grave que le corresponda al que cometió el delito "se va a aplicar a todos los miembros de la organización". 

En otro tramo de la conferencia, reflejó la necesidad de ajustar la "reiterancia" en aquellos casos en los que un delincuente cometa actos delictivos consecutivamente: "Con esto cortamos la impunidad que siente la gente".  

Otra de las propuestas que se presentarán en el recinto legislativo es el registro de ADN: "Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, cárcel o que comience una imputación, se le hará una prueba de ADN que va a estar en un sistema de almacenamiento y a partir de ahí todos los imputados y condenados por delitos sexuales, van a dejar sus huellas genéticas".

Por último, dentro del último proyecto de reformas en el que se incluyó la agravación de penas para aquellos que organizan las manifestaciones e instiguen a otras personas a hacerlo, destacó que se terminarán "los bloqueos" de las empresas y modificarán el concepto de "legítima defensa".

"Cuando un miembro de un miembro de la fuerza de seguridad está cumpliendo con su deber, no es legítima defensa. Por eso, hemos planteado un artículo 34, tal cual lo hizo Uruguay y Chile, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios", señaló. Asimismo, explicó: "Se suman elementos como diferencia de edad, contextura física y número de agresores".

"Hoy le pegan a un policía y es como si nada, pero esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad", finalizó. 

Fuente: El Canciller