Causa Caballero IV: "Siempre es importante la reparación desde el punto de vista judicial"

La titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva a once oficiales y suboficiales del Ejército, la Policía del Chaco, la Alcaidía y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia (ex cárcel Federal U7), por privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas, ocurridos en la provincia de Chaco durante la última dictadura cívico-militar. Además, trabó embargos sobre sus bienes por sumas de entre diez y noventa millones de pesos.

La decisión, dictada el 30 de noviembre pasado, se da luego de las indagatorias vertidas en el marco de la quinta investigación judicial, denominada “Caballero IV”, donde se reconstruyen y juzgan crímenes de lesa humanidad perpetrados por fuerzas de seguridad entre 1974 y 1977 en el ámbito de la Brigada de Investigaciones -que funcionó como principal centro clandestino de la provincia-, la Alcaidía Policial y en la ex cárcel federal.

"Más allá de los avances judiciales, la instancia que viene será el juicio oral y público, en la nómina de imputados tenemos personas multicondenadas por delitos de lesa humanidad, pero en este caso se suman nuevos acusados y sobre todo estamos hablando de más de 20 víctimas, por lo que siempre es importante la reparación desde el punto de vista judicial, aun más en los tiempos que vivimos", sostuvo.

"Sentamos a los acusados en el banquillo, con todas las garantías que establece la ley y la Constitución Nacional sobre los delitos que cometieron", marcó.

También agregó que "hay víctimas que no pueden lograr la justicia porque, durante la etapa de instrucción o antes de iniciada la acción penal, fallece alguno de los imputados y en ese caso no se pueden juzgar los hechos de alguien que no está vivo".

"Cualquier instancia de juicio se siente como una victoria personal y colectiva porque nos permite echar luz sobre tanta oscuridad y es así como nos paramos para demostrar qué había detrás de la dictadura porque de lo contrario nos quieren hacer creer que fueron un grupo de policías y militares locos que salieron a matar gente, cuando en realidad fue la búsqueda de construcción de un modelo político, económico y social con la riqueza concentrada en pocas manos, la destrucción de la industria nacional, la entrega del patrimonio nacional a la timba financiera y para poder sostenerse tuvieron que emplear las fuerzas armadas y de seguridad", señaló.

Procesamientos y embargos

La decisión de la jueza Niremperger alcanza a los extenientes coronel Aldo Martínez Segón y Tadeo Betolli y al exteniente primero Alberto Patteta, -que pertenecían al Ejército Argentino-; al excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, al exsuboficial mayor Gabino Manader, al exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, al exsargento José Marín y al exagente Emilio Zárate, quienes integraban la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco, junto al agente Ignacio López del área de Comunicaciones de esa fuerza de seguridad. También procesó al oficial de la Alcaidía policial Juan Ramón Rodríguez Valiente y al exalcalde y jefe de guardia de la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia Pablo Cesar Casco.

Además, ordenó la detención y prisión preventiva bajo arresto domiciliario de Juan Ramón Rodríguez Valiente, Ignacio López y Emilio Zárate, quienes se suman a los restantes procesados que se encuentran detenidos y cumplen condenas por otros hechos similares.

Por otra parte, respecto del agente de la Alcaidía policial Humberto Ramón Maidana dictó su sobreseimiento parcial respecto de los tormentos y la privación ilegal de la libertad en perjuicio de Armando Atilio Benítez, y decretó su falta de mérito, y la de Ignacio López, con relación a los tormentos padecidos por Ramón Arcángel Hanriquez -en el primer caso- y por Ana Chara, Gladis Beatriz González y Elena Andrea González -en el caso de López-.

Niremperger también declaró la extinción de la acción penal por fallecimiento en favor del excomandante de la Gendarmería Carlos José Sartori y de los cabos de la policial Félix Omar Balbuena y Martín Aguilar. Cabe recordar que, en el proceso, se apartó por incapacidad sobreviniente al suboficial de la Alcaldía Policial Miguel Vitorello, mientras que el agente de la Dirección de Investigaciones Luciano Cáceres, se encuentra sometido a consideración de la Junta Médica.

Finalmente, la magistrada embargó los bienes de Martínez Segón, José Francisco Rodríguez Valiente y Manader hasta cubrir las sumas de treinta, cincuenta y noventa millones de pesos, respectivamente. Asimismo, trabó embargos por veinte millones de pesos para Marín y Juan Ramón Rodríguez Valiente, y de diez millones de pesos para Ibarra, Patetta, Bettolli, Casco, López y Zárate.