La Policía del Chaco suspendió a un sargento acusado de abuso y violencia de género

El procedimiento fue realizado por la Comisaría Tercera de Fontana, y la investigación quedó en manos de dos fiscalías: la Fiscalía Nº 2 de Delitos Comunes, a cargo de la doctora Ana González de Pacce, y la Fiscalía Especializada en Violencia de Género Nº 4, dirigida por el doctor Jorge Cáceres Olivera.

“Al tomar conocimiento del hecho, se procedió de inmediato a la suspensión de funciones del agente, con retención de haberes, retiro del arma reglamentaria y la credencial policial”, señaló Urturi.

Investigación administrativa paralela

Además de la investigación judicial en curso, el organismo activó un sumario administrativo en el marco del artículo 219 del reglamento disciplinario policial. Este proceso busca determinar la responsabilidad interna del funcionario, más allá de la que pudiera surgir en sede penal.

“La suspensión se dio conforme a los artículos 145 y 147 del régimen disciplinario. Se trata de un hecho grave, por la naturaleza de los delitos imputados y por la violación de restricciones de acercamiento que ya pesaban sobre el imputado”, explicó Urturi.

Según detalló, el efectivo habría incumplido medidas judiciales al acercarse a una familia que ya contaba con una orden de restricción. “Eso agrava aún más su situación disciplinaria”, añadió.

Qué sucede si el agente es liberado

Urturi aclaró que, aunque el agente permanece detenido, si eventualmente obtiene la libertad, continuará suspendido por un plazo máximo de 25 días, como lo establece la normativa vigente. Cumplido ese plazo, deberá someterse a un examen psicofísico para evaluar su aptitud para portar armas y retomar tareas.

“Tenemos resoluciones que prevén el traslado del agente fuera de la circunscripción donde reside la víctima, en caso de que sea reincorporado”, dijo.

De no estar en condiciones de volver al servicio, el policía será licenciado y pasará a situación de revista pasiva. En caso de que se le dicte prisión preventiva, pasará automáticamente a esa condición.

Atención a la salud mental

Consultado sobre el abordaje institucional de este tipo de casos, Urturi confirmó que existen protocolos de seguimiento tanto para víctimas como para agentes policiales. Las medidas incluyen el uso de botones antipánico y sistemas duales de control, articulados entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno y la Justicia.

“Cuando se trata del personal policial imputado, se evalúa su estado mediante exámenes realizados por psicólogos y médicos laborales antes de cualquier reintegro al servicio”, explicó.

Además, destacó que el organismo trabaja en coordinación con áreas especializadas para asegurar la protección de las víctimas y garantizar que ningún agente inhabilitado vuelva a portar armas sin la correspondiente certificación profesional.

“Estimamos que en el plazo de un mes finalizaremos el sumario administrativo y lo elevaremos al Ministerio de Seguridad”, concluyó.

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