Libertad Digital
El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, expresó su preocupación por la represión ejercida durante la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo y exigió al Gobierno una investigación rápida e imparcial de lo sucedido. Asimismo, advirtió que "el uso de la fuerza debe respetar los principios internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad".
Jarab también manifestó inquietud por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en el cráneo tras ser impactado por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por la policía.
El organismo internacional condenó la represión y recordó que, aun en caso de registrarse incidentes aislados de violencia por parte de manifestantes, "esto no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una protesta que ejercen su derecho de reunión pacífica".
Además, alertó sobre el "uso indiscriminado de la fuerza" contra personas de edad avanzada que se manifestaban pacíficamente en defensa de sus derechos previsionales y de acceso a la salud.
Respaldo a la independencia judicial
En su pronunciamiento, la ONU también respaldó indirectamente el accionar de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los manifestantes detenidos al no hallarse pruebas en su contra. Desde el Gobierno, la magistrada fue acusada de "garantizar la impunidad" y se sugirió la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra.
"Recordamos la importancia de la independencia judicial como garantía fundamental para el ejercicio de los derechos de participación, así como para el control de la legalidad de las detenciones y de la actuación policial", señaló la Oficina de la ONU en su comunicado.
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