Libertad Digital
El gobernador Jorge Capitanich, junto la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, encabezó el acto de celebración del 15° aniversario del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de Chaco. Oportunidad en la que anunció el ascenso de 490 funcionarias y funcionarios penitenciarios al grado inmediato superior, así como un esquema de obras en seguridad y un refuerzo tecnológico para mejorar la calidad de las tareas que se realizan.
“Es un honor están conmemorando los 15 años del Servicio Penitenciario Provincial, una iniciativa que permitió perfeccionar el sistema de atención desde los lugares de detención y el progreso de las personas que han sido privadas de libertad”, señaló el gobernador.
En el acto que se realizó este sábado, Capitanich informó que se encuentra en proceso administrativo la promoción de 490 funcionarias y funcionarios penitenciarios al grado inmediato superior, lo que implica 177 superiores y 313 subalternos. “Este ascenso implica promocionar al 31% de la totalidad del personal en servicio efectivo, es una medida reivindicativa que permite jerarquizar la función y mejorar los ingresos de cada trabajadora y trabajador”, explicó.
Tras el importante anunció, entregó reconocimientos a la trabajadora Nancy Medina por sus 30 años de servicio; y a Marisa Godoy, Ariel Bagatoli, Javier Zanier, Víctor Cáceres e Isaac Wischniveztky por sus 25 años de servicio con compromiso y esfuerzo. Además, de la promoción al grado de Alcaide Mayor a cinco trabajadores.
Vale mencionar que, hay un total de 1.581 agentes que constituyen la planta permanente del Servicio dividiéndose en dos Centros Penitenciarios y en ocho unidades penitenciarias para la atención de las y los detenidos. Chaco tiene 1.288 internos, y uno de los problemas que se presentan es la cantidad de personas que están detenidas en las 92 comisarías de la provincia.
Siguiendo con el discurso del mandatario, el mismo aseguró que la decisión tomada el 22 de abril de 2008 permitió mejorar y perfeccionar el sistema de atención de personas en contexto de encierro. “Tenemos el mandato del artículo 18° de la Constitución Nacional que establece que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo, desde la administración del Estado tenemos la labor de llevar adelante un programa de readaptación social de las personas privadas de la libertad”, explicó.
En esta línea, valoró la tarea que lleva adelante el Instituto de Formación del Servicio Penitenciario que, de manera constante, capacita a las y los agentes para que cumplan las tareas asignadas constitucionalmente.
“Cuando tomamos la decisión de separar el ejercicio de la responsabilidad de la Policía del Chaco, lo hicimos con la certeza que se trataban de dos tareas completamente diferentes, las que deben ser llevadas adelante con un proceso cualitativamente metodológico muy diferentes entre sí, con sus metas y objetivos particulares”, reflexionó.
Políticas públicas que jerarquizan en Servicio Penitenciario
En la oportunidad, Capitanich adelantó que la Provincia está cerca de la aprobación de un financiamiento, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la construcción de módulos de detención con capacidad de 700 plazas en el Complejo Penitenciario I de Resistencia. “Es necesario para descentralizar el sistema e impedir la detención de personas en comisarías”, indicó.
Además, el proyecto contempla la construcción de cuatro módulos de buena conducta que contarán con 102 nuevas plazas. Esto sumado a la refuncionalización del Módulo V del Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña con el cual se sumarán 52 nuevas plazas. Con el mismo financiamiento, también se ejecutarán la primera etapa de tres controles fronterizos aplazados en puntos estratégicos del territorio provincial.
En este orden, el gobernador valoró el uso de la tecnología como inmanente a la profesionalización de las y los agentes, así como al perfeccionamiento de la estrategia del sistema penitenciario y de readaptación social. Aquí indicó que el Complejo Penitenciario I cuenta con 64 cámaras de videovigilancia, las que implicaron una inversión de $29.492.160.
Además, en lo que va del año el servicio adquirió un minibús, dos camionetas y tres automóviles tipo sedán. Llegando la flota automotora del Servicio Penitenciario a 26 vehículos disponibles en toda la provincia.
Se trabaja también en talleres productivos de panadería y colchonería, para lo cual hubo una inversión de 5 millones de pesos. “Es fundamental llevar adelante una estrategia de reinserción social para las personas privadas de la libertad, para que logren con la terminalidad de sus estudios y con el aprendizaje de un oficio, un cambio de conducta y nuevas oportunidades de vida”, aseveró el primer mandatario.
“No cabe la menor duda que hace 15 años tomamos la decisión correcta. No cabe la menor duda que hubo un proceso de cambio permanente de profesionalización, tecnología y de mejoramiento de la infraestructura”, concluyó Capitanich.
En la misma sintonía, la ministra Zalazar destacó la decisión del gobernador Capitanich de crear el Servicio Penitenciario de lo que era la división de traslado de la Policía del Chaco. Así comentó que el espacio fue adquiriendo una identidad propia, centrando su trabajo en el cuidado de las personas en el contexto de encierro y llevando adelante la tarea de readaptación social.
En referencia a la readaptación social, explicó que es realizada a través del equipo interdisciplinario de profesionales, en conjunto con la Justicia de Ejecución Penal, quienes trabajan para que la persona que ya cumplió su condena tenga una alternativa de vida diferente. “Agradezco el acompañamiento y la tarea conjunta que llevamos adelante con el Ministerio, porque enaltece al Servicio Penitenciario del Chaco”, finalizó.
Estuvieron presentes la jefa y el subjefe del Servicio Penitenciario, Erika Maidana y Gerardo Sotelo, y las y los agentes junto a familiares.
Quien tomó la palabra fue Maidana y celebró el aniversario de una institución pujante que trabaja en la constante profesionalización de sus trabajadoras y trabajadores. Aquí expuso que, “son las y los agentes la garantía de los preceptos constitucionales y el tratamiento individualizado de las personas privadas de su libertad, tarea que no es visibilizada del todo por la sociedad”, opinó.
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