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Tachangou
EL CASO
"El 31 de enero de 2019, Sebastián va a terminar la relación que tenía con su pareja, quien era miembro de la policía federal pero estaba retirada", contó.
"En una discusión donde se gritaron y se pegaron, lo detuvieron con un procedimiento brutal y además fue torturado en otro lugar. A los dos días recibimos una llamada del Hospital Perrando, donde nos solicitaban autorización para comenzar una diálisis. Eso era una clara evidencia de que sus riñones no estaban funcionando", dijo.
"La autopsia realizada 10 días después, decía que la causa de su muerte fue un paro de su actividad renal y pulmonar. El texto que realizó el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) dijo que su muerte fue ocasionada por politraumatismo recibido", aclaró.
"Él estuvo consiente mientras estaba internado, y nos contó que fue golpeado en dos lugares diferentes. Tenía miedo por los policías que lo custodiaban, ya que uno de ellos había participado en la golpiza. Él nos pedía recuperarse y luego hacer la denuncia", aseguró.
El papá de Sebastián detalló que el ingreso de su hijo al Hospital Perrando está anotado a las 16 horas, pero que existen contradicciones en los horarios constatados con la policía. "El Órgano de Control Institucional (OCI) de la policía ocultó pruebas fundamentales para el esclarecimiento", afirmó.
"En la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el fiscal Daniel Turraca, se declaró incompetente luego de retener el expediente durante 55 días. Allí la causa fue derivada nuevamente hasta llegar a la Fiscalía Coordinadora, a cargo de Sergio Cáceres Oliveira, quien en dos días determinó 11 medidas y requerimientos que aportaron al avance de la causa", manifestó.
"Nos preocupa el encubrimiento institucional. La oficina de prensa de la policía dijo que falleció por una enfermedad preexistente y luego que fue por una infección patológica adquirida en el hospital", sostuvo.
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
Ayer miembros del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) mantuvieron una reunión con familiares de la víctima. También participaron el Abogado querellante de la familia Hugo Fernández Liras, el Abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos Kevin Nielsen, el Abogado querellante por el CPT Roberto Sotelo, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Gladys Cristaldo, la Perito Forense Virginia Creimer y el Perito Forense Basilio Ramírez.
"Virginia Creimer declaró que su muerte fue producto de golpes. La investigación dice que hubo un periodo de tiempo prolongado en el cual sufrió una golpiza", indicó.
"La caratula de la causa es muerte dudosa, por lo tanto el OCI no puede declarar una culpabilidad. Pedimos la prisión preventiva de los efectivos policiales que participaron del hecho. Da miedo ver lo aceitado que está este mecanismo", finalizó.
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