Por amplia mayoría, el Senado aprobó el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Tras un miércoles en el que logró en Diputados blindar el veto al aumento de las jubilaciones, pero a su vez no pudo conseguir ese mismo objetivo con la emergencia en discapacidad, ni impedir la sanción de la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), ni frenar el avance de la comisión investigadora por el caso $Libra, el oficialismo vivió un jueves negro en el Senado, que convirtió en ley dos proyectos que Javier Milei anticipó que vetará: el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

No fue el único golpe a nivel parlamentario que sufrió el Ejecutivo durante esta jornada. Antes de que se sancionaran esas dos iniciativas, a las que Diputados les había dado el visto bueno, la Cámara alta derogó cinco decretos que disolvían o desregulaban diferentes organismos estatales.

La última derrota para el Ejecutivo llegó a las 00:52 del viernes, cuando 62 senadores le dieron su voto a la norma que fija que las autoridades deberán garantizar "el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica", asegurar "el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de la especialidad", con foco en el Garrahan, y "proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes".

La iniciativa encontró adhesiones en las bancadas de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Carmen Álvarez Rivero -del espacio amarillo- y Francisco Paoltroni.

En otro punto clave, el proyecto exhorta al ministerio de Salud a efectuar "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales".

También exime al personal de salud del pago de Ganancias cuando se desempeñe en "actividades críticas, horas extras y/o guardias", y establece que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos con el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.

Horas antes, el Senado -con 58 votos afirmativos, 10 negativos y tres abstenciones- había convertido en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales, con adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales.

La norma, redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que eleva el presupuesto al 1% del PBI, fue rechazada por los seis legisladores libertarios, a quienes se plegaron dos del PRO, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y Martín Goerling (Misiones), la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el formoseño Paoltroni.

Entre otros ítems, la iniciativa también otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

El primer revés de la jornada para el oficialismo, en tanto, había ocurrido cuando la Cámara alta derogó un paquete de cinco decretos presidenciales.

La primera votación fue la de los cuatro decretos de facultades delegadas con los que el Gobierno avanzó con el cierre o reestructuración de organismos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Banco Nacional de Datos Genéticos y dependencias de Cultura. 

En esa tanda, también se "bochó" el DNU que desregularizó el régimen de la Marina Mercante y afectó el derecho a huelga.

Fuente: El Canciller