Presentaron el primer amparo contra el DNU del presidente Milei

El Observatorio del Derecho a la Ciudad hizo este jueves la primera presentación judicial contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei, por considerar que es inconstitucional y constituye un ejercicio de facultades extraordinarias equivalentes a la suma de todo el poder público, según surge del escrito.

La presentación, que también respaldaron la Central de Trabajadores Autónoma (CTAA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), tiene por objetivo que se dicte una medida cautelar que suspenda los efectos del DNU, que todavía no entró en vigencia, y que finalmente se decrete la inconstitucionalidad del decreto que este jueves se publicó en el Boletín Oficial.

El amparo recayó, por sorteo, en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de Esteban Furnari, informaron fuentes judiciales.

Los peticionantes reclamaron que se declare la "inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y de toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fue dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la Nación Argentina".

En esa línea, sostuvieron que el DNU cuestionado constituye "el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público" y "una desviación de poder y un abuso de derecho público", según surge de la presentación.

Los firmantes, entre los que se encuentran el economista y dirigente político Claudio Lozano y el sindicalista Hugo "Cachorro" Godoy -titular de la CTAA-, también impugnaron el DNU"por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes".

En el texto al que accedió Télam, se hizo un detalle pormenorizado de las más de 30 leyes que deroga totalmente el DNU, las que deroga parcialmente y las que modifica.

"Surge de forma manifiesta que este DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales sino establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente. La envergadura de este paquete normativa equivale a afirmar que el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público", enfatizaron los peticionantes.

"No se da el caso de que el decreto impugnado responde a una imposibilidad de dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto en la Constitución. Cosa que resulta evidente e irrefutable, pues el Congreso se encuentra funcionando regularmente. Al momento de dictarse el DNU, el Congreso había finalizado el período de sesiones ordinarias. Este receso de ninguna manera es una circunstancia excepcional ya que ocurre todos los años al estar reglado en el art. 63 de la Constitución Nacional que las sesiones ordinarias de ambas cámaras son desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre", sostuvieron.

Fuente: Télam