Libertad Digital
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización del Chaco, quien advirtió sobre posibles irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales durante la gestión de Capitanich. De acuerdo a información de Diario Chaco y NG Federal, la fiscalía sostiene que se habría montado un esquema sistemático de fraude mediante decretos y resoluciones irregulares para beneficiar con tierras y subsidios a empresas vinculadas a funcionarios y sus familiares.
En este contexto, se libraron oficios a organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de acceder a información confidencial relacionada con productos financieros, movimientos de fondos, e identificar posibles inconsistencias patrimoniales. La UIF deberá informar si existen reportes de operaciones sospechosas o informes de inteligencia que involucren a Capitanich, sus hijas, la exfuncionaria Sheina Marlene Waicman y su esposo Darío Ariel Zaks.
El BCRA, por su parte, fue requerido para elaborar informes individuales que incluyan un detalle completo de los productos financieros registrados por los investigados entre 2020 y 2024. Los informes deben contemplar tipo y número de identificación, fechas de apertura y cierre, así como montos acreditados y debitados mes a mes.
Además, se solicitó al Registro Público de Comercio información sobre sociedades en las que los investigados tengan participación. En caso de existencia, deberán remitirse los contratos sociales y sus modificaciones para establecer su composición actual.
La causa avanza en la etapa probatoria, centrada en el análisis del patrimonio de los imputados y sus entornos cercanos, con el fin de detectar posibles maniobras de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y desvío de fondos públicos. Aún se encuentran pendientes las indagatorias, inicialmente previstas para abril, pero pospuestas por planteos de las defensas.
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