Andrea Charole: “El objetivo es que los niños no sean rehenes en los conflictos familiares”

“El jueves comenzamos con la primera audiencia pública, y quiero agradecer a todos los que se acercaron: profesionales del Consejo de Abogados, psicólogos y familiares. Fue muy valioso contar con su participación”, expresó Charole en diálogo con Radio Libertad.

El proyecto fue originalmente presentado en 2022, y ahora es impulsado nuevamente junto al diputado Samuel Vargas. “Esta reactivación surgió por situaciones recientes que nos motivaron a no dejar el tema en una laguna. El proyecto tiene defensores y detractores, pero es importante debatirlo porque atraviesa a muchas familias chaqueñas”, señaló.

Escuchar todas las voces

Charole insistió en que la iniciativa busca visibilizar un problema que no tiene género. “La violencia no tiene género. La puede padecer tanto un hombre como una mujer. Hay casos de madres que no pueden ver a sus hijos porque el padre los retiene, y también al revés. Lo fundamental es pensar en los más chicos, que no sean usados como rehenes”.

El proyecto ya cuenta con dictámenes favorables en dos comisiones legislativas —Legislación y Género— y está previsto que las audiencias continúen en julio y agosto. “La idea es que podamos escuchar todas las voces y construir consensos. No queremos escuchar solo una campana”, sostuvo.

Charole remarcó además que muchas de las situaciones que llegan a la Legislatura lo hacen a partir de audiencias públicas en plazas o del contacto directo con familias que padecen esta problemática. “Son situaciones muy dolorosas, que generan desvinculación no solo con los padres, sino también con los abuelos, tíos y demás allegados”.

Un registro provincial y responsabilidad institucional

Una de las propuestas centrales del proyecto es la creación de un registro provincial de obstructores de vínculos familiares, que tomaría como referencia experiencias ya implementadas en Chubut y otras provincias.

“Si Chaco adhiere, seríamos la cuarta provincia en contar con un registro así. Incluiría no solo a ciudadanos comunes, sino también a funcionarios públicos, que no podrían ejercer cargos si figuran en él”, explicó la diputada.

En ese sentido, también destacó el rol del Consejo de la Magistratura, al que se propone como responsable de informar casos donde haya obstrucción de vínculos y se vea afectado el bienestar del niño o niña.

“Muchas veces estos temas fueron silenciados. Por eso queremos habilitar el debate, visibilizar y generar herramientas institucionales que protejan a las infancias”, concluyó.

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