Libertad Digital
“Habrá aumento de precios por el incremento de tasas municipales”. Así de breve y contundente es el título de un comunicado de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), advirtiendo que las subas en las alícuotas de tributos que se están dando en localidades de Buenos Aires y de todo el país se da “en medio de la caída del consumo” y que “generarán más inflación”.
La advertencia se suma a la que el viernes había hecho la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a las principales cadenas supermercadistas del país, dando cuenta en particular de fuertes aumentos de alícuotas e incluso duplicación de costos que se dan en particular en el distrito bonaerense, pero ocurren también en otras provincias.
El consumo no repunta
Distribuidores y super-mayoristas enfatizaron: “y mientras el consumo no repunta, en diferentes municipios del país se dispararon las tasas municipales”.
“Esos aumentos se trasladarán a precios”, reitera el comunicado. “El margen de ganancia de un mayorista es muy chico, de entre un 3% y un 5%, ya no puede seguir sacrificando rentabilidad”.
“Hay tasas injustificables, por ejemplo, obligan a plantar un árbol por ordenanza y después nos cobran contribución forestal”, describe un pasaje del comunicado de Cadam.
Distribuidores y autoservicios mayoristas también denunciaron el “impuesto al Calco”, por exhibir, por exhibir en las vidrieras los medios de pago, y también tasas de publicidad y propaganda interior, por lo que consideran elementos publicitarios dentro de los locales, que a veces son exhibidores o heladeras que contienen ciertas marcas de bebidas.
“Son sólo algunas de las modalidades de recaudación municipal que abruman a las pymes”, señalaron y se suman a las tasas de seguridad e higiene, entre otras”, dice el comunicado.
A su vez, los distribuidores y supermayoristas “expresaron beneplácito” por la decisión del gobierno nacional de eliminar el cobre del derecho de autor por reproducir música y películas en el ámbito privado.
“En los locales se solía poner música o la radio para mejorar el clima laboral y la experiencia del cliente, pero también había que pagar por eso”, puntualizó Cadam e incluso recordó que al anunciar esa medida el presidente Javier Milei la festejó señalando “¡Un curro menos!”.
“Capacitación” forzosa
Adicionalmente, la Cámara volvió a pedir al Ejecutivo Nacional que en la reglamentación de la reforma laboral elimine el aporte obligatorio de los comercios al INACAP (por el “Instituto Argentino de Capacitación Tecnológica y Profesional para el Comercio” por encarecer sin aparente contrapartida los costos laborales.
“Resulta ilógico mantener este aporte, que no le representa ningún beneficio al aportante ni al trabajador, si decide no capacitarse”, dice el comunicado de Cadam, que además cuantifica ese aporte.
Así lo presenta: “si se tiene en cuenta que el aporte “obligatorio” a cargo del empleador es de $3961, 21 (tomando sólo como base la cuota de agosto) por cada empleado de comercio, que alcanzan a 1,2 millones de trabajadores (siendo la paritaria más grande del país), el INACAP estaría recaudando por mes más miles de millones, con el fin de capacitar.
Así, concluye, “entre tasas, aportes, contribuciones y fondos solidarios, se pone en riesgo la supervivencia de las empresas y se desalienta las inversiones”.
El viernes, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) había expresado su “preocupación y alarma” por el incremento de tributos provinciales en todo el país y, en particular, en la provincia de Buenos Aires.
“La Asociación de Supermercados Unidos contempla con preocupación y alarma el incremento que a nivel de tributos provinciales y municipales se está dando en los últimos meses. Tenemos un ejemplo palmario de ello en Lanús, Provincia de Buenos Aires, donde la Tasa de Seguridad e Higiene ha pasado injustificadamente a tributar con una alícuota del 6% de la facturación (superior a la alícuota de Ingresos Brutos)”, denunciaron los supermercadistas, quienes agregaron que no se trata “de un hecho aislado”.
“Medidas como la que ejemplificamos inciden directamente en los precios y licúan los esfuerzos fiscales del Gobierno Nacional en cuanto a la baja de impuestos y aranceles, resultando con ello perjuicio para todos los ciudadanos y la economía diaria de todos los argentinos”, agregó ASU. Y el presidente de la asociación de supermercadistas, Juan Vasco Martínez, dijo que la preocupación y la alarma exceden largamente la cuestión de la tasa de Seguridad e Higiene del caso de Lanús.
“Son esas tasas y otras cosas que acompañan”, explicó. El también bonaerense municipio de Pilar, precisó, tiene una Tasa de Seguridad e Higiene del 4,5 por ciento. Luján, por su parte, tiene una del 4,2%, pero también una tasa “ambiental” del 1,5 por ciento.
El directivo apuntó además a una “cuestión curiosa” de la “tasa ambiental”, que también cobran otros municipios bonaerenses y del resto del país. En el caso de Buenos Aires, señaló, por legislación provincial los supermercados, como generadores de “residuos voluminosos” tienen ciertas obligaciones que asumen, pero Lujan les vuelve a cobrar una tasa por el mismo concepto, “por algo que vos resolvés por tu cuenta”.
Hurlingham, por su parte, aplica una tasa del 4,5% y la Matanza aumentó 113% el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza).
Es una seguidilla de efectos, subrayó Vasco Martínez, quien recordó que la provincia gobernada por Axel Kicillof ya impuso este año un pago anticipado de Ingresos Brutos a compensar con otros impuestos, pero con un mecanismo de compensación tan poco ágil que de hecho hace que el pago anticipado termine siendo una carga fiscal adicional y mayor costo para los supermercados. El problema no se limita a la provincia de Buenos Aires. La Rioja, puntualizó Vasco Martínez, ya impuso una cuota extraordinaria del impuesto a los Ingresos Brutos, que también pasan a ser, al menos en parte, “fondos perdidos”.
De hecho, el más reciente “vademecum” tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y publicado por Infobae contabilizó a mediados de este año un total de 155 tributos diferentes en todo el país, incluyendo nada menos que 84 diferentes “tasas” municipales.
No todos los impuestos recaen sobre todos los contribuyentes. De hecho, según el estudio del Iaraf más del 90% de la recaudación total de los 3 niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) se concentra en sólo diez tributos. Pero eso no quita que la carga impositiva sea particularmente alta, amén de administrativamente costosa al punto que se calcula que las pymes pagan un promedio de 33 impuestos y deben enfrentar regímenes especiales de retenciones y percepciones para diferentes actividades.
Fuente: Infobae
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