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Bicho de Radio
“El conductor en todo momento insistía en que no había bebido alcohol, que era paciente cardiológico y no podía consumir”, explicó Campias. Sin embargo, se negó sistemáticamente a someterse al test de alcoholemia, lo que activó el procedimiento legal previsto en estos casos.
La legislación local establece que la negativa a realizar el test equivale a la presunción de alcoholemia positiva. Por eso, y tras más de tres horas de negociación, el vehículo fue trasladado al corralón municipal.
¿Qué dice el protocolo?
En primera instancia, los inspectores utilizan un alcoholímetro de campo, que no es preciso ni habilita a labrar actas, pero sí permite detectar indicios. “Si da positivo, se pasa a una segunda prueba que entrega un ticket con el nivel exacto de alcohol en sangre”, explicó la jueza. Pero el conductor no permitió llegar a esa segunda instancia.
“Le expliqué que si el test daba cero, podía seguir manejando, pero no hubo forma de convencerlo. Incluso le devolvimos la licencia en el momento para facilitar el diálogo”, detalló.
Un caso excepcional, pero con consecuencias
El episodio culminó el lunes siguiente, cuando el propietario del vehículo se presentó voluntariamente en el juzgado, se allanó al pago de la multa agravada y retiró su vehículo. “No se le quitó la licencia, pero sí se aplicó una sanción severa. La negativa al procedimiento implica un despliegue enorme de recursos y eso tiene consecuencias”, remarcó Campias. “No es gratis atrincherarse dentro del auto y negarse a cumplir con un control”, sentenció.
¿Es la multa más alta? No, pero marca un precedente
El monto total superó el millón de pesos, aunque no fue la sanción más alta contemplada por la ordenanza municipal. Aun así, marca un antecedente importante: “La alcoholemia es una falta grave. Resistirse al procedimiento no es un acto menor, afecta al sistema de control y debe tener consecuencias proporcionales”, sostuvo la jueza.
Mirá la entrevista completa.
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