La Justicia autorizó la compra de Telefónica por parte de Telecom Argentina

La decisión judicial representa un revés para el Gobierno nacional, que en marzo había dispuesto una suspensión transitoria de seis meses sobre cualquier avance en la operación. El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en manifestar públicamente su oposición al acuerdo, considerando que podría concentrar más del 70% del mercado de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico.

El 21 de marzo pasado, el Ejecutivo frenó la fusión bajo el argumento de "posibles efectos negativos sobre la competencia". En ese marco, se alertó que la integración entre Telecom y Telefónica podría generar niveles altísimos de concentración: 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en servicios residenciales de Internet en algunas regiones del país.

Poco después, Telecom presentó un recurso de apelación ante la Justicia, solicitando la suspensión de las medidas gubernamentales. Este jueves, la empresa informó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que **la Corte aceptó el recurso con efecto suspensivo**, prohibiendo a la Secretaría de Industria y Comercio avanzar en nuevas restricciones.

La compra de los activos argentinos de Telefónica por parte de Telecom fue anunciada el 24 de febrero por un monto de u$s 1.250 millones, tras un proceso acelerado liderado por JP Morgan. Durante esa etapa, también mostraron interés otros grandes jugadores globales como América Móvil (Claro), Iliad, Liberty Global y Tigo.

Para financiar la operación, Telecom obtuvo préstamos por u$s 1.170 millones de un consorcio bancario encabezado por BBVA, Deutsche Bank, Santander e ICBC. Inmediatamente después del cierre del acuerdo, Marcelo Tarakdjian, CEO de Telefónica Móviles Argentina, presentó su renuncia y fue reemplazado por Gabriel Speratti, exdirectivo de Microsoft, Nokia y American Tower.

Desde el punto de vista empresarial, la operación marca un paso importante en la consolidación del sector de telecomunicaciones en Argentina. Ya en 2017, Telecom había absorbido a Cablevisión, dando inicio a su transformación en un operador convergente de telecomunicaciones y contenidos. Ahora, con la incorporación de Personal (marca comercial de Telefónica en Argentina), el nuevo conglomerado pasaría a controlar más de 41 millones de líneas móviles, sobre un total estimado de 60 millones en todo el país.

Además, la integración reúne bajo una sola estructura privada buena parte de la infraestructura heredada de la antigua Empresa Nacional de Telecomunicaciones (EnTel), lo cual no pasa inadvertido desde el punto de vista estratégico.

La operación generó preocupación dentro del Gobierno nacional. Desde antes de conocerse el fallo judicial, el presidente Milei publicó en X (antes Twitter) un mensaje contundente contra el holding mediático Clarín, vinculado a Telecom: "Clarín: la gran estafa argentina".

Milei aseguró que el grupo busca quedarse con el 70% de las telecomunicaciones en Argentina, y denunció que ha ejercido presión sobre distintos gobiernos para obtener beneficios regulatorios. "Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos", sentenció.

Según trascendidos, incluso se habría evaluado una posibilidad inusual: involucrar a Starlink, la compañía satelital de Elon Musk, como posible alternativa de compra. Sin embargo, finalmente no prosperó.

Desde el punto de vista normativo, el actual marco legal no prohíbe expresamente este tipo de fusiones. El decreto 731/89, vigente desde la época menemista, establece una "preferencia" por múltiples operadores, pero permite la concesión total a una única empresa, siempre que cuente con la autorización del Poder Ejecutivo.

Esto significa que el Gobierno aún puede emitir un decreto de rechazo a la fusión. Sin embargo, mientras se define el caso en sede judicial, la medida cautelar emitida por la Justicia impide nuevas intervenciones del Ejecutivo que obstaculicen la operación.

Aunque el fallo no cierra definitivamente el caso, sí suspende las acciones restrictivas del Gobierno, lo que permite a Telecom continuar con sus planes de expansión. La definición final dependerá ahora de una resolución judicial más amplia, que podría llegar en las próximas semanas o meses.

Mientras tanto, la polémica por la concentración en el sector de telecomunicaciones continúa generando debate entre defensores del libre mercado y quienes advierten sobre riesgos para la competencia y la libertad informativa.