Libertad Digital
Con el impulso político obtenido tras las elecciones, el Gobierno nacional decidió avanzar nuevamente con una de sus reformas más ambiciosas: la “modernización del sistema laboral argentino”. El texto, presentado por la diputada Romina Diez junto a legisladores de distintos bloques aliados, lleva por título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y busca reactivar el debate en el Congreso.
La iniciativa plantea un nuevo esquema de contratación, beneficios impositivos y modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, con el propósito de fomentar la formalización, estimular la inversión privada y reducir los litigios laborales.
Los principales cambios
El proyecto introduce ajustes estructurales en varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo:
- Se redefine el principio de irrenunciabilidad, otorgando mayor flexibilidad a los acuerdos entre empleador y empleado.
- Se amplían las facultades del empleador para modificar tareas, horarios o modalidades laborales, siempre que no alteren aspectos esenciales del contrato.
- Se precisan los plazos para impugnar sanciones disciplinarias, fijando un límite de 30 días para presentar reclamos.
- Se actualiza el régimen de beneficios sociales no remunerativos, que incluirá desde almuerzos y útiles escolares hasta conexión a internet o telefonía móvil para el trabajador y su familia.
Jornada, vacaciones e indemnizaciones
La propuesta también flexibiliza la organización del tiempo laboral, permitiendo que las vacaciones puedan dividirse en períodos mínimos de una semana y garantizando que cada trabajador tenga al menos un descanso en verano cada dos años.
Además, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) podrán pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, una medida que, según el texto, busca “preservar la continuidad de las empresas y evitar cierres por conflictos laborales”.
En materia de licencias, se mantienen los plazos actuales por enfermedad o accidente —de tres o seis meses según la antigüedad— y se introduce un sistema de verificación médica bajo supervisión de la Secretaría de Trabajo, que podrá convocar peritos y aplicar sanciones a los profesionales que incumplan.
Incentivos para generar empleo
Uno de los capítulos más destacados del proyecto es el que crea un sistema de bonos de crédito fiscal para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo en los primeros 18 meses de vigencia de la ley.
Los beneficios varían según el tamaño de la firma:
- 100% para microempresas,
- 75% para pequeñas,
- 50% para medianas,
- 25% para grandes empresas.
Los bonos se aplicarán durante un año y solo se otorgarán si la contratación implica un incremento real de la nómina.
Cambios en intereses y juicios laborales
El texto también propone ajustar el cálculo de intereses en créditos laborales, estableciendo un tope que combine el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una tasa del 3% anual, y limita los honorarios de los abogados a un máximo del 20% del monto de la sentencia.
“La idea es reducir la litigiosidad y agilizar los procesos laborales, que hoy tardan años en resolverse”, señalaron desde el equipo redactor.
Sectores específicos y modernización del empleo rural
En el ámbito del trabajo agrario, la iniciativa redefine el alcance del régimen vigente y excluye a trabajadores de actividades no vinculadas directamente a la producción agropecuaria, manteniendo la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias pero no de los propietarios de tierras arrendadas sin fines productivos.
Un proyecto amplio y con respaldo político
La propuesta cuenta con el acompañamiento de legisladores como Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch y Carlos Zapata, entre otros.
El Gobierno busca que esta ley funcione como base del nuevo marco laboral argentino, en línea con los principios de la Ley Bases y del Consejo de Mayo, con la que el presidente Milei aspira a consolidar un “modelo de libertad económica con reglas claras para el trabajo y la producción”.
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