Juez de Garantías revocó la domiciliaria de Barraza y deberá estar de nuevo en la carcel

El juez de Garantías N° 2, Héctor Horacio Sandoval, emitió un fallo decisivo tras el polémico beneficio de prisión domiciliaria al imputado Carlos Barraza, declarando la nulidad absoluta de lo resuelto el 19 de julio de 2024 por la magistrada María de Las Mercedes Pereyra. La decisión de Sandoval surge a raíz de la solicitud presentada por el Equipo Fiscal en feria este martes, quienes argumentaron que la decisión de la jueza violaba "sustanciales garantías constitucionales".

La fiscalía, tras la instrucción del Ministerio Público Fiscal, señaló que la jueza Pereyra no respetó los procedimientos penales, al no permitirles la intervención antes de conceder la prisión domiciliaria a Barraza. Este error procesal, según expresaron, "constituye una violación a los derechos de todas las partes involucradas y justifica la nulidad del fallo".

Cuestionaron también que Pereyra no realizó una audiencia de oposición, trámite necesario para la concesión de la prisión domiciliaria y, además, ignoró el informe médico de la Dra. Silvia Iribas, que indicaba que Barraza estaba en condiciones de salud normales y que su tratamiento podía llevarse a cabo en la cárcel.

El juez Sandoval sostuvo que la falta de intervención del Ministerio Público en el proceso y la ausencia de una audiencia de oposición representan "graves violaciones al debido proceso", tal como lo exige la ley procesal. Asimismo, enfatizó que la habilitación de la feria judicial debe ser una medida excepcional y restrictiva, aplicada solo en casos de urgencia que no admitan demora en su tratamiento, lo cual no se justificó en este caso.

En consecuencia, declaró de oficio la nulidad absoluta de lo actuado por su par y revocó la modificación de la prisión preventiva en prisión domiciliaria concedida a Carlos Barraza, quien deberá regresar a su lugar de detención original.

Barraza fue detenido el 19 de enero tras estar prófugo y, antes de su captura, se realizaron allanamientos en varias propiedades, lo que terminó en el secuestro de documentos, materiales de construcción, vehículos y una lancha. Entre los vehículos incautados había camionetas, un tractor y canoas. También se encontraron una camioneta y varias escopetas pertenecientes a la policía.

La investigación incluyó documentos relacionados con la compra de materiales e insumos para la construcción y bicicletas donadas por el Estado. El piquetero está acusado por delito de fraude en perjuicio de administración publica en concurso real con peculado de bienes y servicios por cuatro hechos.