"Los profesionales pueden objetar la práctica del aborto, pero no pueden evitar capacitarse y brindar información"

"Desde el 2012 nuestra provincia se adhirió por ley al Protocolo Nacional para la Atención de la Interrupción Legal del Embarazo o Aborto No Punible. Se había generado dentro de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que además de la adhesión, se pudiera difundir a toda la población y capacitar a todos los integrantes del equipo de Salud sobre cuáles son los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar con respecto al Aborto No Punible. Esa ley fue aprobada y ahora el gobernador decidió vetarla", explicó.

"Como red somos muy críticos de las razones que tuvo para poder dar este veto, que no puede aplicarse a lo que él indicó, que es la objeción de conciencia de los profesionales. Nosotros emitimos un documento rechazando esta decisión, porque la capacitación del personal forma parte de las obligaciones del Estado. También vetó la posibilidad de que se difundan de manera correcta los derechos de acceder a la información sobre este tema", detalló.

"En este caso, la objeción de conciencia no puede ser aplicada, ya que solamente puede ser usada frente a la práctica del aborto. Un profesional de la salud puede objetar cuando va a realizar la práctica, pero no puede eludir la obligación de capacitarse sobre los derechos de las personas y de informarles cuáles son sus derechos", enfatizó.

"Los hospitales, los centros de salud y los establecimientos sanitarios deben garantizar que en las guardias exista personal que garantice derechos y esté capacitado. En caso de que todos sean objetores, el jefe de servicio será quien haga la práctica del aborto", resaltó.

"Desde los colectivos feministas se ha decidido dialogar con los diputados para ver cómo tratar este veto y analizar cuáles son las opciones que tenemos a nivel formal para poder lograr que se genere otro proyecto de ley", indicó.

"También hubo mucha confusión en la sociedad sobre un artículo de la norma, que establecía una sanción a los profesionales que no cumplieran con esa ley. Finalmente este apartado se eliminó para que la ley sea aprobada", señaló.

Centeno recordó que el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo está contemplado solo en casos donde un embarazo pone en peligro la vida de la mujer, cuando sufre una violación y cuando hay riesgo en la salud integral (en cuanto a una dimensión física, psicológica y social).