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Bicho de Radio
La muerte de Jesús Martínez ocurrió en el año 2017 cuando tenía 18 años. Falleció en Barranqueras producto de un disparo de arma de fuego por parte de un policía de la provincia del Chaco. Se produjo una persecución en moto y luego a pie, donde Jesús fue reducido y ultimado de un solo disparo por la espalda.
"Esto es comúnmente conocido como gatillo fácil y es un delito que está especialmente contemplado y agravado en el Código Penal. Cuando un funcionario policial mata haciendo abuso de sus funciones tiene contemplada la pena de prisión perpetua", repasó.
En el año 2020 se realizó el juicio oral. El Comité para la Prevención contra la Tortura y la Secretaría de DD.HH y Géneros fueron querellantes y finalmente el agente Sánchez fue condenado a una pena de 15 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
"Como querella cuestionamos este fallo porque entendemos que fue juzgado como un ciudadano común y corriente", manifestó.
"La cámara dijo que no se aplicaba el agravante de ser miembro de una fuerza de seguridad porque por el nerviosismo, la vorágine de una persecución y la falta de formación de Sánchez no se habría podido representar en ese momento que haya estado actuando como policía. Eso es por lo menos extraño o criticable, así que interpusimos un recurso de casación", recordó.
"Finalmente el martes pasado el STJ nos da la razón en un fallo ejemplar donde revoca la condena de 15 años, impone la condena de prisión perpetua y recalifica el hecho como homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad y hacer abuso de sus funciones", explicó.
Sobre la presunta falta de formación que alegó la Cámara 1ra, Nielsen dijo que "no fue probado en el juicio. Nosotros dijimos que este fallo era peligroso porque nos podía llevar a la impunidad en otros casos. El Estado no puede excusarse, tiene que prevenir las violaciones de derechos humanos, es decir, formar bien a sus policías y sancionar adecuadamente cuando se cometan estos hechos".
"Más allá de revocar la sentencia, el STJ hace un llamado a los tribunales y les dice que cuando juzguen hechos de violencia institucional o brutalidad policial, no hagan lo que hicieron en este caso, que no tomen al agente policial como un ciudadano común y corriente y también les dice que tengan conocimiento de qué es la violencia institucional", señaló.
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