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Libertad Digital
“No estamos pidiendo un privilegio. Las personas con discapacidad tienen derechos, y lo que queremos es una sociedad equitativa, donde todos accedan a lo que merecen”, subrayó Ruiz Díaz.
Prestaciones interrumpidas y profesionales que abandonan el sistema
Según detalló, muchas personas con discapacidad están dejando de recibir prestaciones básicas debido a los graves atrasos en los pagos por parte de las obras sociales.
“Los prestadores de salud y educación —yo trabajo en educación— cobramos con demoras de dos, tres y hasta cuatro meses. Hay obras sociales que pagan en término, pero son las menos”, explicó la docente.
Esta situación empuja a muchos profesionales a abandonar la atención a través de obras sociales y prepagas para dedicarse únicamente a la práctica privada, trasladando los costos a las familias, que en muchos casos no pueden afrontarlos.
“Los alumnos, los pacientes, terminan quedando fuera del sistema. Los transportistas también están dejando de trabajar porque no les pagan. La cadena se corta por todos lados”, lamentó Ruiz Díaz.
Temor al veto presidencial y reclamos en el Congreso
En medio de esta emergencia, el Congreso analiza un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad, iniciativa que, según trascendió, el presidente Javier Milei podría vetar si se aprueba.
“Por supuesto que tememos que la ley sea vetada. Por eso estamos acá, porque nos afecta directamente y es una injusticia. No estamos pidiendo nada nuevo: pedimos que se sostengan derechos que ya están reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, enfatizó.
La docente recordó que estos derechos comprenden prestaciones de salud, educación y calidad de vida básica, y consideró que el hecho de tener que salir a la calle a defenderlos “es en sí mismo una muestra del retroceso”.
“Estamos reclamando poder trabajar, que nuestros pacientes tengan lo mínimo indispensable para vivir dignamente. No es un favor, es un derecho”, concluyó.
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