Diputados nacionales del Frente de Todos proponen una empresa estatal de vías navegables

La presentación también lleva las firmas de los diputados y diputadas Mabel Caparrós y Rosana Andrea Bertone (Tierra del Fuego e Islas), Pablo Carro (Córdoba), Blanca Inés Osuna (Entre Ríos), Américo Selva (Buenos Aires), Liliana Paponet (Mendoza), y Juan Manuel Pedrini (Chaco).

Como se afirma en el texto del propio proyecto, con la creación de esta empresa se busca “no sólo satisfacer las necesidades existentes, sino sobre todo, permitir al Estado Nacional junto a las Provincias interesadas, recuperar soberanía y control sobre nuestras vías navegables” y agrega que “es necesario poner en manos argentinas nuestros recursos estratégicos”.

Cuestionando el discurso de los que dicen que la Argentina no es capaz de resolver lo necesario para tener una empresa propia de estas características, el proyecto afirma que “contamos con los bienes, la infraestructura, las dragas, el personal y la experiencia para poder desarrollar esta actividad de interés público y nacional, generadora de divisas y de cientos de puestos de trabajo de calidad. Es un paso necesario para nuestra Nación, como parte de un camino que recupere nuestra marina mercante y para la defensa, construyendo buques y/o artefactos navales en los astilleros nacionales”.

El trabajo de esta empresa nacional estatal será “la prestación de los servicios de dragado, balizamiento y mantenimiento en aguas territoriales de la República Argentina”, a la vez que desarrollará “el estudio, exploración y explotación de los servicios de dragado y balizamiento” y todas las otras tareas complementarias de esta actividad como es el caso del “almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de los bienes necesarios a tal fin”, dándole así herramientas legales para ”elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad de servicios, industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto”.

El proyecto contempla que esta sociedad del Estado tenga una dirección representativa, interdisciplinaria y federal formada por 15 miembros donde tendrán representación todos los ministerios nacionales vinculados a las vías navegables, los sindicatos con personería gremial que representen a los trabajadores de la actividad y los gobiernos de las provincias por donde pasan estas rutas fluviales.

Los diputados y diputadas afirman que la creación de esta empresa nacional estatal dará las condiciones para “la puesta en marcha de un proyecto industrial, soberano y nacional que otorgue funciones a los dependientes de la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación con experiencia en tareas de dragado y balizamiento que hace años se encuentran sin funciones”, aprovechando así “la infraestructura existente, modernizándola con tecnología y ciencia aplicada”.

Este proceso generará una transformación en la infraestructura estatal permitiendo crear también “fuentes de trabajo estable vinculadas a los servicios de dragado, balizamiento y mantenimiento de vías navegables del territorio nacional; y miles de empleos indirectos”.

A modo de síntesis el texto del proyecto afirma que esta empresa estatal nacional es un paso importante en el camino para “proteger los intereses estratégicos, económicos, sociales, humanos y militares del Estado nacional”.