Diputados proponen una "Ley de Alquileres" provincial: en qué consiste

Diputados de la provincia impulsan un proyecto para que Chaco tenga su propia Ley de Alquileres que, entre otros aspectos, busca brindar líneas de crédito que faciliten a los inquilinos el acceso a inmuebles, lanzar un plan de alquiler de viviendas públicas y un sistema de garantía social con seguro de caución para contratos de locación. También quieren que se cree una Comisión Especial de Alquileres que podría despertar controversia en el sector inmobiliario: Registro Provincial de Viviendas Ociosas y "regular aspectos que impacten en el mercado de locaciones urbanas" entre sus ejes.

La iniciativa es impulsada por diputados del Frente Integrador y del Frente Chaqueño, quienes argumentan, según investigaciones de la Escuela de Gobierno y la Encuesta Permanente de Hogares, que a la hora de alquilar hay un significativo volumen de inquilinos que destinan un 45% de sus ingresos para afrontar el pago mensual.

El proyecto de ley de alquileres en la provincia de Chaco busca —señalan— establecer un marco legal que "informe, asesore y proteja a los inquilinos, facilitando su acceso a una vivienda digna y mejorando las condiciones del mercado inmobiliario chaqueño". Esta iniciativa, que se presenta como una norma complementaria a la Ley Nacional N.º 26.994 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, tiene como objetivo principal "promover los derechos y garantías de los inquilinos en el territorio provincial".

Destacan que la situación de los inquilinos "se profundizó a partir del DNU N.º 70/23 del Gobierno Nacional que eliminó todo marco regulatorio para alquilar vivienda en la Argentina" y es por eso que impulsan el concepto de Vivienda de Alquiler Asequible, es decir, "aquella cuyo costo no supera el 30% de los ingresos mensuales del grupo familiar conviviente. Esta definición incluye tanto el precio del alquiler como los servicios esenciales de energía eléctrica, agua potable e internet".

Punto por punto

• Líneas de crédito a tasa diferencial para nuevos contratos de alquiler.
• Financiamiento para los gastos iniciales de alquiler, cubriendo costos como el primer mes de alquiler, depósito, mudanza y garantía.
• Créditos para la refacción de viviendas, con el fin de aumentar la oferta y reducir la cantidad de viviendas vacías o en estado de deterioro.

El proyecto señala que el Poder Ejecutivo deberá suscribir acuerdos con el Nuevo Banco del Chaco, Fiduciaria del Norte S.A y/o las entidades financieras que resulten competentes, con la finalidad de implementar líneas de financiamiento bancarias o no bancarias.

• Sistema de garantía social con seguro de caución para contratos de locación.

Este seguro será gestionado por el Nuevo Banco del Chaco S.A y sus sociedades controladas, en su calidad de Agente Financiero Provincial. La póliza del seguro se regirá por las Condiciones Generales establecidas para el Seguro de Caución de Garantía de Locación de Bienes Inmuebles, conforme a la Ley Nacional 27.551 y la Ley Provincial 3137-F.

Podrá cubrir todas las obligaciones del contrato de alquiler, incluidas indemnizaciones por daños a la propiedad, y sustituirá cualquier otro tipo de garantía prevista en los contratos de alquiler, incluyendo el depósito inicial.

Podrán acceder a este beneficio inquilinos con relaciones laborales registradas, no registradas, monotributistas y cuentapropistas, mediante inscripción en oficinas públicas o canales institucionales determinados por la Autoridad de Aplicación. Las solicitudes serán evaluadas por el Nuevo Banco del Chaco S.A.

El proyecto prioriza a familias monoparentales, víctimas de violencia de género, personas menores de 30 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, y residentes de otras provincias o extranjeros que trabajen o estudien en Chaco. Adicionalmente, se crea el Sistema de Pago Asegurado para agentes estatales, quienes podrán utilizar su Recibo Digital de Haberes como respaldo para el contrato de alquiler.

• Plan de viviendas públicas en alquiler.

Este plan buscará proporcionar viviendas a precios asequibles para aquellos que no pueden afrontar los costos del mercado inmobiliario. El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) será el encargado de desarrollar este plan, incluyendo la recuperación, refacción o ampliación de bienes inmuebles existentes, así como la construcción de nuevas viviendas exclusivamente para alquiler social.

Se priorizará a jubilados, pensionados, personas en situación de violencia de género, y quienes se encuentren en vulnerabilidad social y económica, especialmente familias con personas con discapacidad.

El alquiler de estas viviendas no superará el 20% de los ingresos mensuales del grupo familiar conviviente. Además, el Poder Ejecutivo podrá colaborar con el sector privado para la construcción de viviendas destinadas al alquiler social y ofrecer subsidios para la recuperación de inmuebles en desuso, siempre que se destinen a este fin.

Las viviendas de alquiler social podrán ser inmuebles estatales, bienes recuperados por el Estado, herencias vacantes, donaciones con fines sociales, inmuebles expropiados y viviendas construidas específicamente para este plan. Todos estos inmuebles formarán parte del parque habitacional del Estado Provincial o Municipal.

Cada contrato de alquiler será formal y no transferirá derechos de propiedad. El pago del alquiler será obligatorio y gestionado por el IPDUV, que también se encargará de la administración y mantenimiento de las viviendas.

Asesoramiento y Protección Legal
La Defensoría del Pueblo de Chaco estará facultada para brindar asesoramiento legal gratuito a los inquilinos, realizar campañas de difusión de sus derechos y establecer canales de recepción de reclamos. Además, difundirá un "Contrato de Alquiler modelo" y un mecanismo para la recolección y difusión de precios de alquiler de referencia.

Comisión Especial de Alquileres
Se creará la "Comisión Especial de Alquileres", que tendrá como objetivos coordinar estrategias y políticas para mejorar el acceso a la vivienda digna y "regular aspectos que impacten en el mercado de locaciones urbanas". Esta comisión estará integrada por representantes del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), el Poder Legislativo, la Defensoría del Pueblo, el Nuevo Banco del Chaco, el Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco y organizaciones no gubernamentales.

Otras dos competencias de esa comisión serán "fomentar la recuperación, remodelación y/o refacción de inmuebles de propiedad privada para incorporarlos en el mercado de viviendas para alquilar" y "generar un Registro Provincial de viviendas ociosas".

Los autores de la Ley son Darío Bacileff Ivanoff, Paola Benítez, María Pía Chiacchio Cavana, Teresa Cubells, Rodrigo Ocampo y Rodolfo Schwartz.