Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo de Comodoro Py junto a otros 86 acusados

Cristina Kirchner volverá a ser el centro de la escena en Comodoro Py a partir de este jueves, cuando desde las 9:30 comience a ser juzgada, junto a otros 86 imputados, en la causa Cuadernos, en la que se investiga una presunta asociación ilícita para la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará, en audiencias semanales, tanto el rol de la expresidente como de otros 19 exfuncionarios, dos choferes de la entonces mandataria y 65 empresarios acusados de conformar una red criminal que habría recaudado dinero de distintas compañías ligadas a los sectores de la construcción, la energía y el transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Según lo fijado por los magistrados del TOF N°7, Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, cada audiencia se llevará a cabo, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, hasta las 13:30. En tanto, algunas de las citas jurídicas serán transmitidas por YouTube desde la cuenta del Poder Judicial de la Nación.

Quien fuera dos veces presidente de la Nación entre 2007 y 2015 se conectará de forma virtual desde su domicilio en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. 

La fiscal general Fabiana León liderará la acusación y deberá opinar sobre la viabilidad de un posible acuerdo judicial con los empresarios. La querella es ejercida por la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya adelantó que se opondrá a cualquier pacto.

El avance hacia esta instancia se produjo después de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera la elevación del caso a juicio. El objetivo es determinar la motivación y veracidad de los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno registró en los famosos cuadernos que dieron el nombre mediático a la causa, así como precisar las presuntas maniobras ilícitas que se produjeron en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, para establecer la magnitud de la eventual cartelización de la obra pública.

Stornelli solicitó que la también titular del Partido Justicialista (PJ), de 72 años y actualmente bajo arresto domiciliario por la condena a seis años de cárcel en otro juicio ligado a defraudación al Estado, sea puesta nuevamente en el banquillo de los acusados en calidad de jefa de la supuesta asociación ilícita. Además, la acusa de ser coautora del delito de cohecho pasivo.

Asimismo, la investigación apunta a establecer la responsabilidad de algunos de exfuncionarios, en aquel entonces involucrados en la coordinación con el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación Juan Manuel Abal Medina.

El martes de la semana pasada, la Corte Suprema avaló la elevación de la causa a juicio, tras rechazar más de 20 recursos interpuestos por Kirchner, el exministro Julio De Vido y varios empresarios que rechazaban la validez de las actuaciones en el expediente.

"Consideramos que esta causa demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial", sostuvo la fiscal general León.

Entre una de las particularidades se destaca la incorporación en los legajos completos de 25 imputados "arrepentidos" colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio e incluyen a Centeno; Juan Carlos de Goycoechea, de la constructora Isolux; Ángel Calcaterra, primo de Mauricio Macri y exdueño de Iecsa; Héctor Javier Sánchez Caballero, también de la misma firma; Armando Loson, del grupo Albanesi; Héctor Alberto Zabaleta, exdirectivo de Techint; Carlos Wagner y Juan Chediack, expresidentes de la Cámara de la Construcción; y Jorge Neira y Jorge Balan, de Electroingeniería.

También a Claudio Glazman y Aldo Roggio, del Grupo Roggio; Claudio Uberti, exfuncionario del ministerio de Planificación; José López, exsecretario de Obras Públicas; Marcela Sztenberg, Patricio Gerbi y Gabriel Pedro Losi, de LOSI S.A.; Alberto Taselli, empresario del sector energético; Miguel Aznar; Francisco Valenti y Enrique Pescarmona, del grupo Impsa; Víctor Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina; Ernesto Clarens, financista señalado como uno de los principales recaudadores; y el exfuncionario Benjamín Romero.

Fuente: El Canciller