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14/07/2020
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libertaddigital.com
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Política
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Redacción: Soraya Casco
"La Asociación emitió un comunicado expresando el apoyo a las medidas tomadas por parte del gobierno provincial, para evitar la impunidad administrativa de los hechos de violencia institucional y con una visión crítica respecto de la reacción de la cúpula policial", comenzó diciendo.
"Vemos a esto como parte de una reacción bastante predecible dentro de los procesos de reforma policial y de seguridad democrática. Sorprende socialmente, pero tiene que ver con una resistencia natural de cierto sector", marcó.
Sobre la causa, dijo: "son hechos gravísimos de violencia institucional, hubo una serie de decisiones judiciales en sentidos distintos, hay cuatro agentes policiales imputados y la doctora Rosalía Zózzoli, titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia, hizo lugar a un pedido de la defensa para liberar a los policías".
"Las tres querellas de la causa y la fiscalía nos pusimos de acuerdo para recurrir esta sentencia y poder revertirlo. La causa todavía está en investigación", siguió.
"La decisión de la Jefatura de Policías tiene que ver con una práctica institucionalizada, que el gobierno provincial ha decidido empezar a erradicar", sostuvo.
Acerca de las declaraciones del comisario Fernando Romero indicó que "es una interpretación sesgada de la normativa policial. La ley contempla dos hipótesis por las cuales el trabajador debe revestir la calidad de pasivo, una de ellas es la privación de libertad y la otra es estar bajo proceso judicial".
“Así como el jefe de la policía argumenta que esto implicaría tener que pasar a pasivos a 900 trabajadores policiales, lo otra aplicación sesgada llevaría a tener personal acusado por delitos gravísimos, que por no estar privados de su libertad volverían a revestir la calidad de activos", afirmó.
"Ante una norma imprecisa, corresponde una interpretación armónica con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de DD.HH con jerarquía constitucional, teniendo por norte el respeto y la defensa de los derechos de las víctimas", aclaró.
"Los mensajes de impunidad, por más que sean simbólicos, son muy graves para todas las víctimas de violencia policial, porque ven frustradas sus intenciones de denunciar. Se les está diciendo que vale todo", destacó.
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