Jueces y legisladores debatieron sobre cannabis medicinal

Alrededor de 200 personas asistieron el pasado 7 de julio a la charla organizada por Asociación Pensamiento Penal en torno al Cannabis Medicinal, sus aspecto médicos, éticos y jurídicos, que tuvo como disertantes a la diputada nacional Lucila Massin, Carlos Magdalena, jefe de Neurofisiología del Hospital de niños R. Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires y Director de la carrera de médico especialista en Neurología infantil de la UBA; y Mariano Fusero, abogado y especialista en política de drogas del Centro de investigación y docencia (CIDE) de México y miembro de entidad organizadora.

La actividad concitó la atención del Superior Tribunal de Justicia, que la declaró de interés judicial; la Legislatura provincial, que la declaró de interés legislativo y la Defensoría General, que también la declaró de interés y dispuso su adhesión a la charla, junto al INSSSEP y la secretaria de DDHH de la provincia.

Además de la importante convocatoria de público (los asistentes desbordaron el salón auditorio Legislativo “Nilda TF de Vaernet” y muchos debieron sentarse en el piso), también se destacó la presencia de la Defensora General del Poder Judicial, Alicia Alcalá, el diputado nacional Juan Manuel Pedrini, los diputados provinciales Luis Obeid y Sergio Vallejos y Germán Bittel, en ese momento candidato a diputado provincial.

La charla

Durante más de tres horas el público escuchó con atención concentrada las definiciones ofrecidas por los especialistas luego de la apertura en la que la diputada Massin se refirió a las limitaciones de la Ley 27350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, aprobada este año por el Congreso de la Nación. Señaló al respecto que esas restricciones hacen endeble la funcionalidad de la flamante normativa dado que los pacientes que necesitan acceder al producto con urgencia, no pueden hacerlo, o porque el producto, por su costo, resulta inaccesible, o porque aún no se iniciaron las investigaciones locales que dispuso la ley, además de que sigue penalizado el autocultivo.

Magdalena inició su exposición revelando cómo se aproximó al tema del Cannabis Medicinal, a partir de que sus pacientes le mostraran la efectividad del producto para disminuir convulsiones o dolores intensos.

El neurólogo detalló cómo, a partir de esa constatación, comenzó a estudiar el tema y así descubrió que no sólo en Argentina sino que a nivel internacional diversas investigaciones y publicaciones científicas acreditaban fehacientemente el valor terapéutico de esta sustancia para un sinnúmero de dolencias que abarcan desde epilepsias refractarias hasta el parkinson, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes y un largo etcétera de padecimientos-

Por su parte, Fusero ofreció una pormenorizada historia de la prohibición del Cannabis y se sumó a las afirmaciones de Magdalena en cuanto a la exhaustiva recopilación de investigaciones que han comprobado de modo contundente la efectividad de esta planta para combatir múltiples enfermedades.

Luego hizo foco en la Ley de narcomenudeo y señaló que su aplicación contribuyó a engrosar las estadísticas de criminalización de jóvenes en estado de vulnerabilidad socio económica.

Denunció que “entre el 70 y 80 por ciento de las causas de la Justicia Federal está vinculada a perseguir consumidores” y criticó que el (de la Justicia) Federal es “un fuero de excepción que tiene a cargo graves delitos como corrupción, narcotráfico, etc.”, y que “en realidad se dedica fundamentalmente a perseguir consumidores”.

“Ustedes acá tienen un fuero de narcomenudeo con una dilapidación de recursos enmascarada en una cuestión de persecución al crimen organizado que no persigue a ningún narcotraficante”, opinó luego, el especialista. Y afirmó que este fuero “claramente está persiguiendo pibes de barrio, humildes”.

Agregó que la Procunar –Procuraduría de Narcocriminalidad- relevó que “en todos los lugares donde se crearon fueros de narcomenudeo y se empezó con estas posturas de guerra a las drogas respecto a la venta minorista, lo que sucedió es que disminuyó la posibilidad de la Justicia Federal de investigar el crimen organizado y (en cambio) aumentaron los índices de criminalización de los usuarios mediante figuras que están relacionadas con la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema hace 31 años con el fallo Bazterrica y desde hace ocho años en el fallo Arriola”.

Al culminar el evento los asistentes comentaban a los organizadores su entusiasmo por la seriedad y profundidad con que fue abordado el tema y demandaron que se realicen más actividades de este tipo.