Libertad Digital
A partir de este mes, si el Estado argentino no responde una solicitud en un plazo de 60 días, la respuesta se interpretará como aprobada en favor del ciudadano que realizó el pedido. Se trata del "silencio positivo", que se aplicará a un conjunto de alrededor de 500 trámites que involucran el otorgamiento de una autorización administrativa.
La medida busca facilitar la resolución de cuestiones "mundanas" y agilizar el funcionamiento del Estado, evitando que los trámites se estanquen por la inacción de algún funcionario. El gobierno argumenta que esto le da más libertad a la gente y limita la capacidad del Estado de retrasar o bloquear gestiones.
El decreto menciona algunos ejemplos de trámites a los que se podría aplicar el "silencio positivo", como la autorización para la realización de trabajos aéreos, la autorización de redes de radiodifusión ante el Enacom, o la autorización para emitir factura A.
Sin embargo, se aclara que no se aplicaría a temas más complejos como transferencias de licencias de comunicación audiovisual o cambios de control accionario en servicios TICs. Si bien la medida busca resolver principalmente cuestiones "mundanas", existe un debate sobre su alcance y los posibles riesgos que podría implicar.
El ministro Federico Sturzenegger, principal impulsor de la medida, celebró la aplicación de este nuevo criterio : "Dimos un paso trascendental en la aplicación del silencio positivo en los actos administrativos. La Ley Bases cambió el artículo 10 de la ley 19.549 estableciendo que para ciertos trámites, al vencimiento de un plazo dado, el silencio del Estado se tomaría como una aprobación."
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