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"La preocupación es fundamentalmente porque esto es una cuestión de dignidad humana, más allá de que sean personas privadas de la libertad, el Estado tiene la obligación de garantizar un piso de derechos relacionados con la vida y la integridad psicofísica", aseveró Silvina Cantero.
La integrante de la comisión de la Comisión Provincial contra la Tortura del Chaco, señaló que se relevaron las condiciones de detención en distintas dependencias. "En el panorama está claro que se ha acrecentado el hacinamiento durante este año", comentó.
Cantero recordó que las comisarías no son lugares de alojamiento permanente, por lo que a la provincia le falta mayor infraestructura para garantizar el tránsito de los detenidos. "Encontramos un piso de convivencia 'aceptable' dentro de las comisarías", subrayó.
La abogada señaló que la problemática se refleja en las comisarías, pero forma parte de una cuestión estructural que no solo se da en Chaco sino en el resto del país a nivel judicial.
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