Libertad Digital
Con el objetivo de articular y coordinar efectivamente todos los organismos y dependencias del Poder Judicial involucrados en la lucha contra la violencia doméstica y de género, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco creó el Registro de Medidas de Protección “Proteger”.
El registro fue pensado como una herramienta de sistematización y conocimiento que posibilitará implementar medidas de protección, eficaces y prontas en favor de las víctimas. También evitará la contradicción en las respuestas judiciales, porque tal ordenamiento finalizará con la duplicidad de causas que se generan cuando las víctimas formulan denuncias ante organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.
Características
La base de datos se nutrirá de todas las medidas de protección que fueron dictadas en las causas donde se contemplen situaciones de violencia doméstica o de género. En tanto que el alta, modificación o actualización de información estará a cargo de los organismos jurisdiccionales, el Ministerio Público fiscal y la justicia de paz y faltas con competencia en la materia de toda la provincia; tarea que estará a cargo de funcionarios nombrados por cada dependencia.
Los datos mínimos que deberán ingresarse serán: nombre, apellido y DNI de víctima y victimario, carátula y número de expediente, tipo de medida dispuesta, fecha, datos del organismo que la dictó, fecha de notificación, fecha de caducidad (si hubiere) y equipo interdisciplinario que pudiera haber intervenido.
El ingreso de las medidas se hará en un máximo de 24 horas desde que fueron dictadas y deberá ser actualizada permanentemente con las novedades que se produjesen.
Asimismo, las oficinas judiciales citadas anteriormente deberán consultar el sistema antes de dictar cualquier medida de protección y dejar constancia de esto en las actuaciones. Para ello el registro emitirá un reporte con el resultado de la consulta.
El acceso de los funcionarios al sistema garantizará la seguridad y confidencialidad de la información. Para ello, todas las operaciones que se realicen estarán auditadas. Además, será de uso restringido y solo se habilitará a oficinas u organismos del ámbito judicial.
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