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Tachangou
"Entendemos desde el punto de vista jurídico que la medida no tiene razón de ser, viola el orden normativo y por supuesto que esto tiene una connotación política", declaró.
"Una vez que concluyeron las elecciones y tuvimos autoridades electas, iniciamos un proceso de transición ordenada, por lo cual esto es un escenario que no estaba previsto. Veremos cómo termina resolviéndose judicialmente, con la convicción de que todas las acciones administrativas llevadas a cabo, estuvieron en el marco de las facultades constitucionales que tiene el gobernador", afirmó.
"Es de público conocimiento que el mandatario provincial anterior, al finalizar su mandato, llevo a cabo la regularización laboral de muchos trabajadores o el pago de bonificaciones y el gobernador Peppo entendió que eran actos propios del funcionario en ejercicio. Ahora, él está ejerciendo su mandato hasta el último día", remarcó.
"Esperamos que la Justicia se expida rápidamente y las instancias judiciales correspondientes aclaren esta situación. Lamentamos esta situación porque altera la transición ordenada que instruye el gobernador Peppo, pero seguiremos gobernando la provincia hasta el 10 de diciembre a pesar de estas medidas", expresó.
"La representación gremial estuvo trabajando distintas soluciones, dentro del marco de posibilidades financieras de la provincia. En este sentido, se intentó ir regularizando paulatinamente la situación de los empleados", dijo.
"Esto genera tensiones adicionales con los gremios", planteó.
"Vamos a recurrir la decisión, creemos que es una medida inconstitucional. La prioridad es llevarles tranquilidad a los trabajadores y poder seguir trabajando en el tiempo que nos queda, en las regularizaciones que podamos asumir financieramente. En esta instancia, es la justicia la que debe definir esta cuestión", cerró.
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