Cambios en los Registros Automotores: se eliminó la obligatoriedad del libre deuda para transferir vehículos usados

Como parte de una serie de cambios en los Registros Automotores, el ministerio de Justicia dispuso la eliminación de la obligatoriedad del "libre deuda" -es decir, la ausencia de cuentas pendientes por patentes y multas- para transferir vehículos usados. A partir de este mes, las mismas se negociarán entre comprador y vendedor.

En este marco, las dependencias "solo cobrarán los aranceles de sus propios trámites", detallaron este martes desde la cartera liderada por Mariano Cúneo Libarona. Al respecto, aseguraron que el objetivo "es lograr un sistema transparente, por lo cual los Registros ya no actuarán como agentes de retención para las provincias y los municipios".

Esta modificación se desprende de otro anuncio oficial realizado por el Ministro, quien adelantó que "los Registros Automotores dejarán de cobrar los impuestos y tasas relativos a la radicación de Automotores y de sellos, y las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicción provincial o municipal", cuya percepción será responsabilidad de cada distrito.

En sintonía, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, señaló que "a partir de ahora los gobiernos van a tener que hacerse responsables ante los ciudadanos de los impuestos, tasas y retenciones que les cobran" y subrayó: "Los argentinos tienen el derecho de saber a dónde es destinada la plata que el Estado les retiene y esta medida es un avance en ese sentido".

Los cambios implementados a partir de las Resoluciones 272/2024 y 273/2024 también incluyen la creación del Legajo Digital Único y un nuevo Certificado Digital para la venta de autos, una reducción al 1% del arancel de transferencia y la eliminación de cargos por cédulas de identificación, títulos y chapas patentes.

Desde el Ministerio destacaron que con estas modificaciones "regresan al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones por año". A su vez, estimaron que, gracias a la digitalización de los legajos, la Administración Pública se podría ahorrar unos $1.300 millones mensuales "que se gastaban en traslado por correo".

Las reformas formalizadas recientemente están contempladas en el artículo 355 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que sustituye un punto del Decreto-Ley Nº 6582/58 y establece, entre otros aspectos, que "no podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro".

"La existencia de deudas en situación regular por multas o patentes tampoco podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores en el Registro", agrega la normativa.