Libertad Digital
El Gobierno disolvió este martes la secretaría de Prensa, a la que hace tan solo una semana renunció quien era su titular, Eduardo Serenellini, a la vez que dispuso cambios en el nombre y las competencias de la cartera liderada por Patricia Bullrich, bautizada ahora como ministerio de Seguridad Nacional.
Ambas decisiones, que modifican la Ley de Ministerios, fueron establecidas a través del Decreto 58/2025 publicado en el Boletín Oficial. En el caso de la exsecretaría, el Ejecutivo de Javier Milei consideró que su supresión "resulta conveniente" para "optimizar la gestión de gobierno".
Asimismo, precisó que los "compromisos y obligaciones" anteriormente correspondientes a Serenellini "estarán a cargo de la secretaría de Comunicación y Medios", liderada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
De esta forma, las secretarías que dependen directamente del Poder Ejecutivo quedaron reducidas a seis: además de la que absorberá las funciones de la de Prensa, continúan vigentes la General (Karina Milei), la Legal y Técnica (Javier Herrera Bravo), de Planeamiento Estratégico Normativo (María Ibarzabal Murphy), de Inteligencia de Estado (Sergio Neiffert) y de Cultura (Leonardo Cifelli).
Respecto de la cartera de Bullrich, el decreto consideró que "resulta necesaria y urgente efectuar una modificación a su denominación que refleje su misión en la prevención y la lucha contra los delitos federales, entre los que se encuentran el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos organizados y complejos".
En este sentido, señaló que "la denominación ministerio de Seguridad Nacional resulta más adecuada a las funciones que desarrolla" y detalló que esa decisión va "en concordancia con el cambio de paradigma del concepto 'Seguridad'".
En él, según la normativa, "la vida, la libertad y el patrimonio de las personas resultan los pilares fundamentales para el desarrollo de los proyectos de vida de cada individuo, como así también del progreso de la Nación en su conjunto".
En cuanto a las competencias de la cartera, el Gobierno decretó que deberá ocuparse de "aspectos comunes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad"; intervenir "en la determinación de la política criminal" y en la "elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito"; y asistir al Presidente y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, "en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías".
Fuente: El Canciller
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