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Mañanas en Libertad
La reciente aprobación de una modificación de la Ley 2038-G Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles establece que será obligación de la autoridad de aplicación arbitrar las medidas pertinentes para la difusión de los derechos consagrados en la misma, tanto al público en general como a los efectores de salud, en particular, aquellos donde se ejecuta la Red Sanitaria Provincial. La norma se vetó la semana pasada.
“En la provincia del Chaco en 2012 se sancionó la ley que determinaba una guía técnica para la aplicación de abortos no punibles. Son aquellos abortos que no son penados por el Código Penal. Nosotros lo que hicimos fue incorporar a esa ley dos artículos que tienen como objetivo difundir la ley, que la sociedad sepa que eso está vigente y que es una política pública de salud, y además incorporar la capacitación en todo el sistema público de salud”, precisó Trabalón.
“El proyecto tenía casi cuatro años presentados, fue analizado por la Comisión de Salud, e incluso tenía informes positivos del Ministerio de Salud. No es que presentamos algo de forma inconsulta, es una iniciativa que busca fortalecer la Ley”, agregó.
“El veto del gobernador es lo que marca el grado de desinformación que hay. Claramente (Domingo) Peppo está desinformado y esto también explica por qué la situación de salud en la provincia es tan grave”, continuó.
“El gobernador entre los fundamentos dice que no se garantiza el derecho a la objeción de conciencia. Y uno de los puntos del protocolo, justamente, es la objeción de conciencia”, señaló.
“El aborto se justifica en esta ley sólo cuando corre riesgo la vida de la mujer o cuando hubo una violación. Busca es garantizar las máximas condiciones de seguridad, que se realice dentro del sistema de salud pública”, agregó.
EMBARAZO ADOLESCENTE
“El Chaco es una de las provincias que tiene a nivel nacional mayor tasa de embarazo adolescente. Estamos entre el primero y el segundo lugar. Por eso es tan importante que se aplique la Ley de Educación Integral”, resaltó.
Finalmente, dijo que todas estas políticas deben ser informadas a la sociedad. “Es el primer paso en una política de salud”, subrayó.
CÓMO SIGUE
“Vamos a rechazar el veto. Entendemos que no hay fundamentos serios y que va en contra de los derechos de los ciudadanos. Este protocolo y esta ley surgen de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que determina que el Estado y las provincias tienen resposabilidad. Y además, que parte de esa responsabilidad es informar a la ciudadanía que es legal y qué no. No hacerlo, ponemos en riesgo la salud pública y negamos derechos”, finalizó.
¿Querés conocer más detalles? ¡Escuchá la entrevista completa en el audio adjunto!
Además, podés consultar lo que aprobó la Legislatura y luego vetó el Ejecutivo: click acá.
Y esta es la guía técnica que se buscaba difundir: click acá.
Columnista: Daniel Trabalón
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