Libertad Digital
Este lunes, la Justicia allanó la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y las casas de siete funcionarios en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó 96 muertes. Los procedimientos habían sido dispuestos por el juez federal Ernesto Kreplak.
Las medidas incluyeron la sede central del organismo, ubicada en Avenida de Mayo al 800, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en Avenida Caseros 2161, y viviendas particulares de autoridades. El magistrado busca determinar la presunta falta de control a HLB Pharma, el laboratorio involucrado en la fabricación del opioide adulterado.
Entre los funcionarios allanados figuran la titular de la ANMAT, Agustina Bisio; la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumado; y otros responsables de áreas técnicas como Ana Laura Canil, Mariela Baldut y Maximiliano Lalín. A todos ellos se les secuestraron teléfonos celulares, informaron fuentes judiciales.
El objetivo de los procedimientos fue obtener pruebas sobre las posibles responsabilidades de la autoridad sanitaria en la fabricación, comercialización y falta de recupero de los lotes contaminados.
En medio del avance judicial, Bisio fue ratificada en su cargo por el ministro de Salud, Mario Lugones, que la respaldó públicamente pese a estar bajo investigación. En contraste, otras autoridades no tuvieron el mismo apoyo político.
Mantecón Fumado había sido desplazada del INAME el 21 de agosto, tras la filtración de un informe interno que no se habría tramitado con la urgencia necesaria. El documento hacía referencia a Ramallo S.A., el laboratorio que fabricaba exclusivamente para HLB Pharma y donde se originó la producción contaminada.
Fuentes oficiales señalaron que la falta de reacción inmediata frente a ese informe fue clave para su apartamiento. Al día siguiente, el Gobierno designó al bioquímico Gastón Morán como reemplazante, en un intento de reordenar la cúpula del organismo en medio de la crisis sanitaria y judicial.
El pasado 20 de agosto, la fiscal federal Laura Roteta había impulsado la investigación para determinar la responsabilidad de la ANMAT en el caso. El expediente sumó, hasta el momento, 17 imputados y siete detenidos, dentro de los cuales figura Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio apuntado.
Fuente: El Canciller
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