Libertad Digital
Desde inicios del año 2023, en el Juzgado Laboral 3 de la ciudad de Resistencia, está radicada una demanda contra Agustín Romero, ex presidente del Concejo Municipal, por la situación generada contra una joven (iniciales EDVK) que durante 2 años tuvo a su cargo el cuidado diario de las dos hijas del ex funcionario de Gustavo Martínez, a cambio del cual percibía desde el Municipio una remuneración mensual. La confirmación de este trámite judicial echa por tierra la extraña defensa que había intentado el propio Romero: "No quiero hablar de este tema. Me parece una fake para distraer. Creo que Roy Nickisch debe cumplir con la ordenanza y reincorporar a los 431 despedidos. Esa persona que se menciona en la resolución no es mi niñera, te reitero. Es claramente una operación, alguien la mandó a hacer".
Sin embargo, en el expediente figuran copias certificadas por escribanos de la Resolución 293, fechada el 8 de abril de 2020, con la cual el propio Romero autorizaba el contrato por locación de obra de E.D.V.P. para "realizar tareas inherentes a la actividad legislativa" desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del mismo año. Este contrato se lo extendió por un año más, hasta que, en marzo de 2022, Romero adujo que ya no disponía de esta vía para seguir pagando los servicios de esta mujer. También forman parte del expediente las capturas de las conversaciones por whatsapp, las cuales corroboran la relación laboral y las tareas que debía cumplir por orden de Romero, día tras día.
Justamente cuando Romero interrumpió el contrato, esta mujer buscó explicaciones en esas conversaciones y luego pidió asesoramiento legal para que, al menos pueda cobrar una indemnización. Para ello, con representación de la doctora Carla Zimmermann se presentó ante la Dirección Provincial de Trabajo que labró un acta del inicio de la conciliación con fecha 31 de agosto de 2022. Luego, el 14 de septiembre del mismo año, se dio por caída esta instancia ante la negativa de Romero de reconocer los servicios que esta joven había prestado para su familia. Con todos estos pasos ya cumplidos, el expediente con la demanda de indemnización ingresó en los primeros meses de 2023, ante la Justicia Laboral. Actualmente está en manos de la secretaria, doctora Marta Rodríguez Cáceres, y del juez, doctor Sergio Bosch.
El reclamo tiene que ver fundamentalmente con la injusticia que supone que un funcionario público no haya inscripto, como exige la ley, ante la AFIP a una persona que cumplía tareas en su casa. Además, quedó expuesto con el uso de los recursos públicos. Uno de los documentos anexados recientemente al expediente describe con la firma de las abogadas Natalia Acevedo y Maria Soledad Fernández, como representantes legales del Municipio de Resistencia, que Agustín Romero "hizo un ejercicio abusivo de la función pública, como presidente del Concejo, valiéndose del cargo que ostentaba para usar fondos públicos (conformados por fondos coparticipables y aportes de los vecinos de la Ciudad), haciendo suscribir contratos de los cuales se benefició de manera personal y familiar con prestaciones laborales, en tanto las retribuciones por dicha labor eran provistas por dinero público, que el demandado como funcionario tenía la obligación legal y constitucional de preservar".
Ahora, a más de dos años de la existencia del conflicto y más de un año y medio de su ingreso formal en la Justicia, parte del expediente se filtró a los medios de comunicación. Ante esa situación la representante legal de la ex niñera planteó: "En realidad al tratarse de un expediente público cualquier profesional del Derecho puede acceder a su contenido. Mi representada se siente muy mal porque ella misma había pedido que esto no se ventile con otros fines que no fueran la justa indemnización que ella reclama, porque siente que pueden sentirse muy dañadas las niñas a las que la misma cuidó durante dos años y con quienes supo generar un lazo afectivo muy especial". El razonamiento no parece descabellado. Si este expediente se hubiera ventilado un año atrás, cuando Agustín Romero era candidato a diputado provincial en primer término por el CER, seguramente la primera repercusión hubiera sido política. Ahora, alejado de la disputa de cargos, el foco queda claramente puesto en el uso de los recursos públicos en beneficio personal o familiar, y hasta donde la Justicia del Chaco le va a reconocer a esta persona una indemnización acorde al manoseo al que fue expuesta y actualizada en valores.
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