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“El programa depende de Nación. Los equipos se crearon en 2011 a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Trabajamos en el interior de la provincia, distribuidos en lugares estratégicos. Éramos 90 trabajadores, pero desde la asunción del presidente Mauricio Macri nos dieron de baja a la mitad del personal. Ahora somos 42”, recordó.
Además sostiene que “a partir de ese momento nadie volvió a firmar contrato”, facturando a Nación como monotributistas. “Al día de hoy no nos han pagado desde el mes de febrero pese a haberlo facturado. No sabemos dónde fue a parar esa plata”, aseguró.
Explicó que el ex Ministerio de Salud nacional es el encargado de pagarles, a través de la Universidad de Entre Ríos. “Somos tercerizados”, aseguró.
“Nos dicen que hablemos con la Provincia y acá nadie sabe nada”, agregó.
Todo empeoró en septiembre. “Recibimos un mensaje donde nos informaron que los contratos se iba a dejar sin efecto. Algo que es simbólico porque en realidad nunca se firmaron”, destacó.
Gracias a reclamos públicos visibilizados por la prensa y gremios como ATE, lograron que el gobierno nacional decida extender los contratos (“siempre de palabra”) hasta diciembre.
“Hasta el día de hoy no tenemos nada concreto, no cobramos nada. Estamos tratando de pasar las personas a la provincia. Estamos trabajando desde 2011 cuestiones muy graves como violencia de género, adicciones, abuso infantil y todos los temas que tienen que ver con la salud mental comunitaria”, mencionó.
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