Libertad Digital
La decisión de la entidad gremial conducida por el Raúl Abraham no termina de sorprender porque, de hecho, el conflicto se viene gestando desde hace al menos dos semanas. Cabe recordar que, a partir de mediados de febrero, los empresarios del sector comenzaron a advertir que sería muy difícil afrontar el pago del 100% de los salarios en tiempo y forma, como consecuencia de la combinación de factores coyunturales y estructurales que atraviesa al Sistema de Transporte del Área Metropolitana.
Este lunes 10 de marzo venció el plazo para abonar los salarios y ante la decisión de las empresas de depositar el 50%, los trabajadores decidieron decretar un paro de actividades por 24 horas.
La posición de los empresarios quedó plasmada en un documento que habría sido presentada ante las autoridades del Gobierno. Las concesionarias aseguran que, con el actual nivel de tarifas y de subsidios, sumado a los pasajes libres y los beneficios SUBE, "se debe reducir la estructura de costos en un 25% a nivel SITAM, contemplando reducción de kilómetros y personal".
"Hoy el Estado aporta solo 23% de la compensación de las tarifas, el resto es tarifa de 1300 que las pagan los usuarios que no tienen beneficios que son solo un 32,44%, el resto son atributos sociales (contemplados por el sistema SUBE) en un 67,56% por ciento y 10,64 % de pases libres que nadie compensa a pesar de lo que establece la ley y los pliegos", señalan.
A estas cuestiones estructurales, se sumaron algunos elementos de la coyuntura, como la caída de pasajes en el período de receso escolar y de vacaciones en la administración pública, que impacta en la recaudación, pero también en el ingreso por subsidios que se calcula por pasajero transportado.
En este escenario, los empresarios buscaron hasta último momento sellar un acuerdo con los choferes para abonar la mitad este lunes y el resto en el transcurso de los próximos 10 días, pero la propuesta fue desestimada.
En declaraciones radiales, referentes de la federación que nuclea a las empresas, FATAP, aseguraron que la última chance sería lograr un "adelanto" de los aportes por parte del Gobierno, básicamente de lo que corresponde a los atributos y pases libre, pero tampoco tuvieron éxito.
En el Gobierno, en tanto, repiten como un mantra que el aporte al sistema es el "máximo posible" y que se realiza conforme a los términos acordados. No obstante, admiten que la cuestión de los pases libres es un tema que amerita una revisión.
En la Subsecretaría de Transporte están analizando una "depuración" del padrón de beneficiarios, ya que sospechan que la entrega del beneficio a aquellos que lo recibieron durante la gestión anterior pudo estar viciada, de alguna manera.
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