Libertad Digital
En el marco de una nueva conmemoración por el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) convoca a recordar que la última dictadura militar argentina no fue llevada adelante sólo por los genocidas que ocupaban cargos militares, sino también por grandes empresarios, curas y responsables civiles que apoyaban al Proceso y que sin ningún tipo de escrúpulos entregaban compañeros y compañeras.
Esos mismos empresarios, además, fueron los principales beneficiados con la política económica de aquellos años, que instauró el lamentable e ilegítimo plan de poner al país de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. Hoy, a 46 años del inicio de ese modelo criminal, vuelven a tirar sobre las espaldas de la sociedad y la clase trabajadora una deuda impagable, ilegal e injusta, para aniquilar nuestra economía con intereses y fondos que sólo benefició a la más alta aristocracia empresarial argentina, con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza.
En ese marco, no caben dudas de que los Juicios por la Verdad, la Memoria y la Justicia son imprescindibles, pero es necesario profundizar sobre los colaboradores del gobierno militar.
No por casualidad si vemos los apellidos propietarios de las empresas más grandes del país, nos sonarán desde los últimos 50 años: Blaquier (Azucarera Ledesma), Braun (Supermercados La Anónima) o Pérez Companc (Molinos Río de La Plata), son algunos de esos ejemplos.
El secuestro de trabajadorxs en sus lugares de trabajo, la entrega de información privada, la presencia de cuadros empresariales en detenciones, secuestros y torturas, y hasta la existencia de centros clandestinos de detención en los lugares de trabajo – como son los casos de ACINDAR, Ford, La Veloz del Norte, la Fronterita y Astilleros Río Santiago- son muestra clara de cuál fue el rol empresario.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
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