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Club Social
"Esta lucha que hemos emprendido en diciembre del año pasado en virtud de una quita ilegal que siguen realizado sobre los retirados y el personal en actividad", informó Rafael López.
El ex funcionario del Servicio Penitenciario indicó que la quita se viene produciendo desde septiembre de 2019 que consiste en un 2% por cada año de servicio, lo que afecta más a quienes ya se encuentran retirados.
Según López, esta medida se realizó por decreto del Poder Ejecutivo y añadió que "la ley está vigente, lo que se opone al nivel jerárquico de un decreto".
Son 32 unidades que existen en el país, pero la Unidad 7 mantiene a un total de 250 retirados más un gran número de personal en actividad.
"Estamos en un régimen donde el personal tiene la prohibición de sindicalizarnos, lo que nos limita mucho y es algo que no se entiende en un momento donde los derechos han avanzado para muchos sectores", remarcó.
El reclamo comenzó el año pasado y al no tener respuestas, lo retomaron la semana pasada. Harán un acampe simbólico que forma parte de una medida nacional.
Señaló que “desde 1993, a través del Decreto 2807/93, comienza nuestro calvario, donde se deben iniciar hace ya 28 años reclamos administrativos y judiciales, exigiendo al Poder Ejecutivo que, en primer lugar nos reconozcan que se estaba pagando irregularmente al personal en situación de retiro en total diferencia y discriminación con el Personal Activo, produciendo un severo daño alimentario (mucho más grave para nosotros, por residir en Zona Austral)”.
“Con los años se logró el Fallo Machado de la Corte Suprema de Justicia, lo que luego de muchos años, solo aquel que había logrado hacer y ganar el juicio del 2807 en NEGRO, comenzó a cobrar ese juicio luego de 12 a 15 años desde su inicio. Superado ese trance (solo para aquellos que tuvieron la oportunidad de haber iniciado, ganado y cobrado el juicio), en 2005 se vuelve a agravar nuestra situación de total desventaja con el personal en Actividad, ya que durante 5 decretos complementarios al Decreto 2807, en forma anticonstitucional, crean los adicionales transitorios, que vuelven a perjudicar de sobremanera el verdadero sueldo”, explicó.
A partir de allí reiniciaron reclamos judiciales “donde algunos Jueces Federales, otorgaban las Medidas Cautelares que daban un remedio semejante atropello y discriminación. Todo ello para subsanar la aberración jurídica de esos Decretos del 2005 al 2010”.
“Una Vez más, la Corte Suprema de Justicia, luego de muchísimos años de tener que cobrar sumas totalmente insuficientes para el sustento familiar y muy especialmente para los radicados en esta zona austral, resuelve el Fallo Ramírez en el cual vuelve a ratificar que el Personal Penitenciario durante años venía dejando de percibir importantes sumas de dinero que le correspondían y en blanco”, agregaron.
Pero “increíblemente al día de la fecha, y por diversas razones y motivos, muchísimos de ellos, por negligencia y demoras totalmente injustificadas por parte de la Institución, que tiene demoradas las liquidaciones y pagos de los juicios ganados y con Sentencia firme, abusando de la situación de superioridad, y con el agravante de importantes multas e incluso denuncias penales, embargos a cuentas”, relató.
“Como si fuera poco, desde 1993 a 2015, con lo narrado precedentemente, y sabiendo perfectamente las consecuencias en febrero del año 2015, se sanciona el Decreto 243/2015, el que vuelve a perjudicarnos, reduciendo nuestros haberes de un modo inconstitucional, de igual manera se hicieron reclamos en la Justicia Federal, obteniendo fallos favorables después de más de 4 años, y al momento de percibir las mejoras, el mismo es derogado por el Decreto nº 586/2019”, diji.
Detalló que “el decreto 586/2019, pretendió nuevamente ser el tan anhelado blanqueo de haberes, tantas veces prometido en vano” pero “fue todo lo contrario, para sorpresa y angustia de todos los retirados del S.P.F., resultó en una disminución inconstitucional del S.A.S. (Suplemento años de servicios) de un 2%, lo disminuyen a un 0,5 % (Art. 7º Decreto nro. 586/2019)”.
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