Auditarán 99.100 pensiones en Chaco ante la sospecha de beneficios "truchos"

El Gobierno nacional dio inicio a las auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral, ante la sospecha de que un gran porcentaje de ellas se otorgó de manera irregular. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) viene revelando irregularidades alarmantes en los registros, incluyendo la utilización de la misma radiografía en numerosos expedientes y, en un caso insólito, la imagen de un perro para obtener un beneficio. 

Esta revisión exhaustiva llega luego de que se detectara que alrededor del 35% de las pensiones otorgadas podrían haber sido concedidas de manera fraudulenta.

El plan de auditoría, que inició en provincia de Buenos Aires, incluye la revisión de más de 99.000 pensiones en Chaco, siendo esta uno de los primeras distritos en ser investigadas debido al alto porcentaje de casos sospechosos. "El objetivo no es quitar derechos, sino asegurar que las pensiones sean recibidas por quienes realmente lo necesitan", aclaró el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. 

La revisión comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires, pero el foco pronto se desplazará a Chaco, dado que detectaron prácticas sistemáticas que buscan aprovecharse de los beneficios.

Uno de los puntos más críticos se centra en la falta de transparencia en la gestión de las pensiones, un sistema que demostró ser vulnerable al fraude durante las administraciones anteriore: se identificó inconsistencias en expedientes que van desde diagnósticos médicos falsificados hasta beneficiarios con propiedades de lujo.

Las auditorías se extenderán durante varios meses y abarcarán la totalidad de las pensiones en la provincia: según estimaciones preliminares, cientos de casos podrían ser dados de baja por no cumplir con los criterios legales establecidos.  El Gobierno sospecha que de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que paga el Estado, unas 500.000 podrían ser "truchas", es decir, mal otorgadas.

El origen de la investigación
La investigación liderada por el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, reveló una red de corrupción en el proceso de otorgamiento de Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC) en Taco Pozo, involucrando a funcionarios municipales y personal de salud. El esquema consistía en cobrar sumas de dinero a personas de bajos recursos para gestionar las pensiones a cambio de apoyo político, todo coordinado desde la Municipalidad bajo la administración del intendente Carlos Ibáñez.

El proceso de otorgamiento de las PNC estaba plagado de irregularidades. Según la investigación federal, los médicos Marcos Rojas y Miguel Bilinski emitían Certificados Médicos Oficiales falsos, necesarios para acceder a las pensiones. Las verificaciones de ANSES y ANDIS, destinadas a garantizar la transparencia del proceso, eran manipuladas o ignoradas. Los cuadernos secuestrados en el domicilio de la secretaria del médico Rojas registraban datos cruciales, como usuarios de seguridad social y montos pagados por los beneficiarios, revelando cómo se manipulaban diagnósticos para justificar las pensiones.

El allanamiento que permitió descubrir los cuadernos expuso la magnitud del fraude: en ellos se encontraron detalles de los pagos realizados por beneficiarios, incluyendo montos y diagnósticos falsos. Testimonios de vecinos confirmaron el cobro ilegal para acceder a las pensiones, mientras que otros beneficiarios negaron haber pagado, aunque sus nombres aparecían en los registros incautados.