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Tachangou
Contó que la decisión de recurrir a la justicia se decidió cuando se enteraron de una "incorporación masiva". "Encontramos cuatro decretos, que no estaban publicados en el Boletín Oficial, pero creemos que hay muchos otros decretos", afirmó.
Detalló que la medida solicitada y a la que el juez Julián Flores dio lugar fue suspender toda medida administrativa de pase a planta o cambio de categoría por 45 días. "Creo que nos quedamos cortos", puso de relieve.
“Sólo entre los cuatro decretos que se pusieron a conocimiento del juez, hay mucho más de 400 pases a planta. Hablamos de más de mil personas”, denunció y desminitió de esta manera al ministro de Gobierno, José Quiroz.
“Esto pone en una situación comprometida a la caja provincial de cara a las nuevas autoridades que asumirán el 10 de diciembre”, opinó Alcántara. Además, confirmó que el gobernador Jorge Capitanich fue el que le solicitó iniciar la medida.
Sobre el porqué de la judicialización, también opinó: “Si existió el diálogo político, no fue franco, porque la medida seguían existiendo”.
“No se cuestiona el derecho que le asiste a la persona que hace años está trabajando. Lo merece, no es su culpa si el Estado lo negreó. Pero lo que pasa es que hay gente que pasa a planta y nadie conoce en los ministerios, o funcionarios que aumentaron sus ingresos pasándose a otras áreas. También de familiares de ellos pasando a planta”, describió.
“Antes del fallo, en la gente del Instituto de Vivienda preveía una medida de fuerza porque advirtieron esta situación", afirmó.
“Si la judicialización de la transición sirve para evitar esto, bienvenido sea. La medida cautelar es totalmente entendible”, sentenció.
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