Libertad Digital
De esta manera, el boleto a $1.150 pesos que comenzó a implementarse en la tarde de este lunes, quedó sin efecto. La medida regirá hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La Defensoría del Pueblo alega que la audiencia pública celebrada el 23 de septiembre de 2024 fue llevada a cabo de manera irregular, vulnerando los derechos de todos los usuarios al no proporcionar información clave, como el porcentaje de subsidios estatales, y entregando documentación en parte ilegible.
Estas omisiones constituyen una violación al derecho a la información previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, lo que afectó la participación efectiva de los ciudadanos en un asunto de interés público esencial, como lo es el servicio de transporte.
En ese orden de ideas, se sostiene que el aumento tarifario no ha respetado los principios constitucionales de proporcionalidad y gradualidad, afectando gravemente a los sectores más vulnerables, quienes, debido al incremento desproporcionado, se ven imposibilitados de utilizar el servicio de transporte público.
Además, el juez Flores ordenó la suspensión de cualquier nuevo instrumento legal que disponga el aumento tarifario, hasta tanto se garantice la participación ciudadana efectiva mediante la convocatoria y celebración de una audiencia pública que cumpla con los requisitos legales y constitucionales.
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